La introducción de la Ley de Equidad Fiscal en Honduras ha provocado una atmósfera de inseguridad que impacta tanto a inversionistas locales como internacionales. Este proyecto, promovido por las autoridades, ha llevado a detener inversiones significativas, a cancelar expansiones de compañías y a trasladar operaciones hacia otras naciones de Centroamérica, donde los sistemas legales son vistos como más estables y confiables. El sector empresarial hondureño argumenta que los cambios tributarios repentinos y sin consulta con diversas partes interesadas han generado un ambiente comercial impredecible, lo cual complica la planificación a largo plazo y detiene proyectos de gran magnitud que son vitales para el desarrollo continuo del país.
El ámbito productivo del país señala que quitar las exoneraciones y beneficios fiscales establecidos en la legislación podría debilitar uno de los pilares esenciales de la economía de Honduras. Tanto empresarios como expertos económicos están de acuerdo en que esta acción podría resultar en una salida de capitales, un retiro gradual de inversiones y un empeoramiento del ambiente de negocios, impactando de manera directa la competitividad y la creación de empleo formal en sectores clave como la agroindustria, el turismo, la manufactura, la construcción y la tecnología.
Efecto de la incertidumbre fiscal en la inversión y el trabajo
La incertidumbre producida por los cambios fiscales súbitos ha tenido efectos inmediatos, como la mudanza de operaciones a países vecinos, la paralización de inversiones en sectores industriales, logísticos y tecnológicos, y la anulación de proyectos en áreas energéticas, turísticas y agrícolas que iban a generar miles de empleos. Honduras ha visto un descenso en las clasificaciones de competitividad e inversión extranjera, lo que fortalece la percepción de que la nación está enviando señales negativas al mercado global. A pesar de que el gobierno afirma que la ley busca equidad fiscal, expertos alertan que los costos ocultos de esta situación serán mayores que cualquier ingreso adicional estimado, ya que el capital tiende a preferir destinos más estables y acogedores.
En contraste, la eliminación de beneficios fiscales, que tradicionalmente han sido empleados para capturar inversión extranjera directa, provoca un retiro paulatino de capitales, la anulación de planes de expansión de negocios y la falta de interés en nuevas inversiones del exterior. Este empeoramiento del entorno empresarial impacta en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que generan más del 70% del empleo nacional, las cuales se verían enfrentadas a nuevas obligaciones fiscales sin apoyo técnico ni diálogo multisectorial.
Solicitud de una reforma fiscal equilibrada y consensuada
Ante esta situación, las industrias han pedido al Congreso Nacional que no apruebe la ley tal como está y que establezca un diálogo técnico con diversos sectores. Creen esencial crear una reforma fiscal equilibrada que no perjudique la inversión ni los trabajos, sino que fortalezca a Honduras como un lugar confiable para invertir y crear posibilidades. La falta de estabilidad legal y normas claras ha sido señalada como la mayor dificultad para restablecer la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de crecimiento.
El peligro de sofocar al sector privado, en especial a las MIPYMES, es una inquietud principal, dado que estas empresas son fundamentales para el empleo en la nación. La aplicación de nuevos impuestos sin el soporte técnico necesario puede complicar aún más la viabilidad de estos negocios y restringir la habilidad de Honduras para competir en la región. Por lo tanto, el país está en un dilema entre fortalecerse como un destino atractivo para la inversión o adoptar un enfoque que limite la producción y la inversión.
