En Honduras, la controversia sobre la campaña estatal de «las 10 familias» ha desatado un acalorado diálogo acerca del vínculo entre el gobierno y el sector privado. Diferentes miembros de la sociedad civil, asociaciones empresariales y referentes de opinión han manifestado su inquietud por lo que ven como un discurso conflictivo fomentado por el gobierno de Xiomara Castro. Esta iniciativa, que culpa a ciertos conglomerados empresariales por los problemas económicos del país, ha sido criticada por poner en peligro la seguridad empresarial, incrementar la polarización política y dañar la confianza en la inversión privada.
En este escenario, la congresista Beatriz Valle ha levantado su voz para cuestionar la eficacia de esta táctica gubernamental. Valle critica el discurso repetitivo y polarizador contra las «10 familias«, argumentando que, si el gobierno realmente cree que hay privilegios fiscales injustos, tiene el poder de eliminarlos sin necesidad de recurrir a campañas públicas confrontativas. Sus comentarios han resonado fuertemente en el ámbito político, donde aumentan las críticas por la falta de resultados concretos en el ámbito económico y de gobernabilidad.
Observaciones sobre la campaña del gobierno y sus posibles efectos
Algunas personas consideran que la campaña llamada «las 10 familias» es un intento de ocultar la falta de eficiencia del gobierno en áreas como la economía y la seguridad. Tanto empresarios como activistas de derechos humanos advierten que este tipo de retórica podría tener efectos negativos, emulando situaciones de otros países donde el discurso de odio de clase desde el poder ha resultado en persecuciones políticas, expropiaciones y problemas económicos. Se ha recalcado que actualmente ya se perciben amenazas personales, campañas de difamación en redes sociales y acusaciones infundadas contra quienes crean empleo.
Los dirigentes corporativos han expresado su preocupación por cómo este entorno adverso está afectando la economía del país. Se informa sobre la paralización de nuevas inversiones, la anulación de proyectos de crecimiento y la salida de capital hondureño a otras naciones. Hay un temor generalizado de que, si el gobierno sigue echando la culpa a la empresa privada de sus propios fallos, se acabe por destruir lo poco que aún funciona en la economía. Frente a esta realidad, se solicita al gobierno que detenga estas campañas divisorias y convoque a un diálogo nacional provechoso.
La invitación a actuar y la demanda de resultados tangibles
La legisladora Beatriz Valle ha sido particularmente severa en su crítica a la ausencia de medidas tangibles del gobierno, a pesar de controlar los tres poderes del Estado. La representante del legislativo se pregunta por qué no se implementan acciones legales contra quienes son acusados de corrupción o abuso, en lugar de reiterar un mensaje agotado. Hace un llamado a dejar de fomentar el odio entre los hondureños y a centrarse en solventar los problemas reales del país.
Las palabras de Valle se han visto como un cambio significativo en la discusión política, en la que incluso partidarios del gobierno han empezado a mostrar su inconformidad debido a la ausencia de progresos concretos en aspectos cruciales como la economía, la justicia y la gobernanza. El requerimiento es evidente: se precisan respuestas y no adversarios ficticios. La población hondureña exige un giro que dé prioridad al diálogo, la inversión y la estabilidad, evitando el enfrentamiento y la segregación.
