Las recientes declaraciones de Héctor Manuel Zelaya, secretario privado del presidente, han generado una nueva ronda de críticas en el ámbito político de Honduras, avivando la discusión sobre la polémica Ley de Justicia Tributaria. En un entorno caracterizado por la división en el poder legislativo y la desconfianza entre los partidos, sus comentarios han sido vistos como una señal de posibles esfuerzos del gobierno para impulsar la reforma fiscal sin el apoyo necesario del parlamento ni un proceso de deliberación claro y abierto.
Polémica por comentarios del Ejecutivo
En una declaración pública, Héctor Zelaya insinuó que la Ley de Justicia Tributaria podría ser ratificada «sin que se den cuenta» en el Congreso Nacional. A pesar de no haber explicado métodos específicos, diversos grupos interpretaron el comentario como una sugerencia de que el partido oficial, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría emplear métodos poco convencionales para aprobar la legislación.
Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, perteneciente al Partido Liberal, mostró fuertes críticas hacia los comentarios realizados. Según su perspectiva, sugerir la promulgación de una normativa sin contar con el respaldo parlamentario requerido y fuera del procedimiento legislativo adecuado “es un atentado contra la institucionalidad”. Según su interpretación, estas propuestas reflejan una falta de apoyo técnico y social para un cambio de gran repercusión económica.
Reacciones del sector privado y constitucionalistas
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) respondió también a la acusación de Zelaya, advirtiendo sobre las posibles repercusiones económicas de aprobar una reforma fiscal sin un diálogo extenso y abierto. De acuerdo con esta entidad, una situación de este tipo podría aumentar la inseguridad para la inversión privada y perjudicar la estabilidad económica del país.
En paralelo, especialistas en derecho constitucional subrayaron que cualquier intento de aprobar la Ley de Justicia Tributaria sin apegarse a los procedimientos parlamentarios podría dar lugar a impugnaciones por inconstitucionalidad. En particular, recordaron que el principio de deliberación legislativa exige transparencia, discusión plural y cumplimiento de los mecanismos institucionales establecidos.
Aumento de la presión política y monitoreo por parte de la oposición
Como resultado de estas afirmaciones, varias agrupaciones políticas opositoras han manifestado que estarán en “alerta constante” ante intentos potenciales de presentar la ley durante sesiones legislativas extraordinarias o sin actas formalmente aprobadas. Esta advertencia surge en un escenario donde la presidencia del Congreso, bajo la dirección de Luis Redondo, ha sido previamente criticada por la oposición debido a prácticas que consideran irregulares en la sanción de leyes.
El disgusto público también se ha manifestado en plataformas de redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón logró gran notoriedad en poco tiempo, mostrando la inquietud frente a la probabilidad de que se apruebe una ley con repercusiones económicas y sociales significativas sin la inclusión informada de todos los participantes del sistema político.
Una visión de conflicto institucional persistente
El Legado de Justicia Tributaria sigue siendo uno de los temas más controvertidos en el programa del gobierno presente, enfrentándose a objeciones tanto por su esencia como por el método en que se ha buscado incluirlo en la discusión pública. La controversia provocada por las declaraciones de Héctor Zelaya no solo reorienta el enfoque hacia esta propuesta legislativa, sino que destaca las disputas relacionadas con la gobernabilidad, la validación de los procesos legislativos y la urgencia de canales de comunicación eficientes.
En un ámbito político donde prevalecen la división y la falta de confianza, cualquier propuesta que busque cambiar significativamente el sistema fiscal necesita, además de apoyo institucional, un proceso de deliberación que asegure la participación de diversas perspectivas y el respeto a los principios democráticos. La forma en que se lleve a cabo esta discusión establecerá un precedente en la interacción entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales de la nación.
