En Honduras, el incidente Koriun Inversiones ha causado gran inquietud entre la población debido a la carencia de respuestas definidas y medidas firmes por parte del Estado. A más de tres meses de descubrirse la estafa financiera millonaria, miles de perjudicados siguen sin recuperar sus fondos y sin que los responsables enfrenten la justicia. La falta de progresos visibles en las investigaciones, junto con el silencio del Ministerio Público y la pasividad gubernamental, ha despertado dudas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que se alcance la justicia de manera adecuada.
Al mismo tiempo, especialistas en leyes y figuras influyentes han mostrado su oposición a la propuesta de que el gobierno use fondos públicos para compensar a las personas afectadas por este engaño privado. Se señala que tal medida podría ser ilegal y contraria a la constitución, además de presentar importantes riesgos fiscales y políticos. En este escenario, la demanda social insiste en que el procedimiento se desarrolle en el marco judicial, con claridad y evitando que se transforme en una acción populista que ponga en peligro la legalidad y la gestión prudente de los recursos del estado.
El debate sobre la reacción gubernamental frente al fraude Koriun
La estructura piramidal de Koriun Inversiones funcionó durante años asegurando ganancias mensuales del 20 %, sin regulación ni control gubernamental. Aunque el Ministerio Público ha incautado más de 358 millones de lempiras, las pesquisas no han progresado hacia procesar legalmente a los responsables del engaño ni se ha aclarado el destino de los activos decomisados. Esta situación ha provocado una creciente indignación entre las familias perjudicadas, que han visto perdidos sus ahorros, préstamos e incluso hogares, y que exigen justicia, claridad y la restitución de sus recursos.
El silencio y la aparente pasividad del Gobierno y del Ministerio Público han alimentado la percepción de que existe una red de protección política que impide el esclarecimiento total del caso. Voces de diversos sectores sociales y jurídicos han señalado que la falta de responsables detenidos y el manejo oscuro de los activos incautados reflejan una negligencia estatal que podría estar favoreciendo la impunidad. La presión ciudadana se mantiene firme en exigir que se actúe con celeridad y sin sesgos políticos para garantizar que los culpables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Aspectos jurídicos y financieros de la eventual indemnización con recursos del estado
Expertos legales y económicos han señalado que el uso de recursos estatales para indemnizar a las víctimas de Koriun podría implicar un acto de desvío de fondos públicos, especialmente si no se cuenta con una normativa aprobada por el Congreso que respalde tal medida. Aquellos funcionarios que autoricen estos pagos sin el respaldo legal adecuado podrían enfrentarse a cargos penales por abuso de autoridad y negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Asimismo, asumir esta deuda podría desestabilizar las finanzas del Estado, afectando sectores prioritarios como la salud y la educación, y enviar un mensaje que podría alentar la impunidad en fraudes futuros.
Diversas entidades de la sociedad civil han instado al Gobierno a esclarecer de manera pública la fuente legal y financiera de cualquier posible compensación, que se divulguen los progresos auténticos del caso y se presente el listado de responsables junto con sus bienes confiscados. Se subraya la importancia de que el proceso permanezca exclusivamente en el ámbito judicial, evitando que se transforme en una acción con intenciones políticas o populistas. La demanda principal es que el Estado no asuma el costo económico de un fraude privado, para no convertirse en cómplice ni infringir la ley.
