La confiabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras en su papel de protectores del sistema electoral ha sido centro de un vigoroso debate público desde las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo de 2025. Varios grupos sociales y partidos opositores han expresado su inquietud por diversas fallas logísticas, especialmente en el reparto de los materiales electorales en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se registraron retrasos de hasta doce horas en la entrega de las urnas electorales. Esta situación provocó extensas filas de electores, manifestaciones del pueblo y un ambiente de frustración generalizada, reflejada tanto en las casillas de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y relatos sobre la falta de insumos y poca presencia de personal en los lugares de votación.
El organismo electoral nacional hizo una declaración pública sobre los problemas en la logística, señalando que los cambios de último minuto en el tipo de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, complicaron la coordinación y el cumplimiento del calendario previsto. Aunque el CNE intentó manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el descontento permaneció, particularmente en la ciudad principal, donde ampliar las horas para votar no fue suficiente para cubrir las expectativas de los votantes deseosos de participar en las elecciones.
Interrogantes sobre la función de los militares en las elecciones
En este escenario, las Fuerzas Armadas renovaron su compromiso con la democracia y la transparencia en las elecciones, asegurando que seguirían el cronograma establecido por el CNE. El Gobierno, por otro lado, ofreció un respaldo completo a la entidad militar, resaltando su función en la seguridad y en la logística electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, afirmó que las Fuerzas Armadas no aceptaron su responsabilidad en los retrasos y denunció casos de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión entre el CNE y las Fuerzas Armadas aumentó la preocupación sobre la imparcialidad y eficacia del proceso electoral planificado para noviembre de 2025.
El marco legal hondureño, específicamente el artículo 272 de la Constitución, otorga a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de velar por la alternabilidad en el poder y la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales, en coordinación con el CNE. Sin embargo, existen prohibiciones claras para los miembros de las Fuerzas Armadas, como interferir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, inducir el voto, participar en actividades partidistas, o demorar sin justificación el traslado del material electoral. A pesar de estas restricciones, el diseño institucional vigente mantiene a los militares como actores tutelares de la democracia, una situación poco común a nivel internacional y que, según algunos análisis, refleja la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de cambio y discusión sobre el rol de las fuerzas armadas
A raíz de los últimos eventos, se han incrementado las propuestas para reformar la constitución y así limitar o eliminar la función de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. Juan Carlos Barrientos, un abogado especializado en derecho constitucional, ha sugerido la necesidad de pasar las funciones electorales a manos civiles, sosteniendo que estos procesos deberían ser gestionados de manera exclusiva por dichas entidades. Igualmente, el legislador Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución, con el objetivo de reducir la participación militar en asuntos electorales y fortalecer las instituciones civiles. No obstante, esta propuesta ha suscitado opiniones divididas, incluso dentro de su propio partido y entre grupos opositores, quienes la ven como un posible intento de acumulación de poder por parte del gobierno.
El debate sobre la participación militar en los procesos electorales ha sido alimentado por la percepción de que la autonomía del CNE podría estar en riesgo y por el historial de intervenciones militares en la vida política hondureña. Organizaciones como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han sugerido que la reforma del artículo 272 debe ir acompañada de una redefinición más amplia de las funciones de las Fuerzas Armadas, delimitando sus competencias y fortaleciendo el control civil sobre la institución militar. Entre las propuestas se incluye también el fortalecimiento de la Secretaría de Defensa y la revisión de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con el objetivo de avanzar hacia un control democrático efectivo y reducir la influencia militar en la política.
El debate acerca de la función de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un asunto crucial en la agenda política, con solicitudes de reformas que garanticen la autonomía y claridad del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral se considera esencial para la estabilidad democrática del país, y la discusión actual muestra la necesidad de reforzar las instituciones civiles y asegurar votaciones libres y transparentes.
