La reciente sanción de cambios al Código Penal de Honduras ha despertado preocupaciones en diversos círculos sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como un ajuste significativo en el marco legal que regula la protesta social, especialmente en un escenario donde se acercan las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. El diálogo se ha intensificado frente a la idea de que estas reformas podrían ser empleadas para restringir el derecho a protestar y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia.
El Parlamento Nacional implementó ajustes que incrementan las sanciones para crímenes asociados a la manifestación social, resaltando la inclusión del artículo 378-A. Esta norma estipula que cualquier acto de protesta llevado a cabo por dos o más individuos puede resultar en un aumento de la pena de cárcel, que ahora es de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas modificaciones para penalizar demostraciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Cambios en el derecho penal y su efecto en las manifestaciones sociales
Los cambios al Código Penal han recibido censura de entidades tanto nacionales como internacionales. El aumento en la severidad de las penas para aquellos que formen parte de manifestaciones colectivas ha sido visto como una posible estrategia para desincentivar la movilización de la población. Entidades defensoras de los derechos humanos argumentan que estas acciones podrían utilizarse para restringir la participación social y el ejercicio de derechos esenciales. La inquietud crece ante la eventualidad de que estas normas se pongan en práctica en situaciones de tensión política o electoral, donde las manifestaciones suelen aumentar.
Los hechos ocurridos durante las elecciones del año 2017, caracterizados por arrestos injustificados y represión de protestantes, aumentan el miedo de que tales escenarios vuelvan a presentarse con la nueva legislación. En este entorno, tanto la sociedad civil como figuras políticas han señalado el peligro de que se utilice la criminalización de la protesta como un medio para dominar la oposición y limitar el involucramiento de los ciudadanos en procesos políticos importantes.
Respuestas globales y solicitudes de reconsideración
La inquietud generada por el efecto de estas reformas ha cruzado los límites de cada país. Entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), han mostrado preocupación por las nuevas cláusulas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han pedido al Gobierno que reconsidere las reformas para garantizar que los derechos esenciales de las personas no se vean comprometidos.
En este escenario, se destaca la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que la legislación penal sea utilizada como instrumento para reprimir la disidencia y las manifestaciones pacíficas. El debate sobre el alcance y la aplicación de estas reformas continúa abierto, mientras diversos sectores insisten en la necesidad de revisar el marco legal para asegurar la protección efectiva de las libertades fundamentales en Honduras.
