La reciente exposición sobre la pasividad de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) respecto a denuncias sobre posibles irregularidades de la entidad financiera Koriun ha desatado un intenso debate público en Honduras. El reconocimiento por parte del presidente de la CNBS, Marcio Sierra, de la ausencia de respuesta institucional ante alertas concretas ha generado indignación entre los perjudicados y ha cuestionado la efectividad de los mecanismos de supervisión financiera en el país.
El caso Koriun, que afecta a más de 35.000 personas afectadas, ha mostrado la necesidad de reforzar los controles regulatorios y responsabilizar a las autoridades pertinentes. La situación ha movilizado a sectores sociales, organizaciones civiles y miembros del sistema bancario, que buscan clarificar los hechos y evitar que situaciones similares ocurran nuevamente.
Falta de acción por parte de las instituciones y demandas de los perjudicados
En una intervención pública, el responsable de la CNBS admitió que la entidad recibió al menos dos quejas formales sobre Koriun, pero no tomó medidas oportunas para investigar o mitigar los peligros. Esta confesión provocó una serie de reacciones en redes sociales y foros comunitarios, donde las víctimas protestaron por la desidia del gobierno y exigieron explicaciones contundentes. Los perjudicados, muchos de los cuales perdieron sus ahorros y posesiones, acusan a la CNBS de grave negligencia y de no cumplir con sus responsabilidades institucionales, señalando que las advertencias fueron desatendidas de manera deliberada.
El escándalo ha reavivado el debate sobre la efectividad de los sistemas de alerta temprana y supervisión financiera en Honduras, así como sobre la posibilidad de complicidades o temores políticos que habrían impedido una intervención oportuna. Organizaciones de consumidores y analistas han cuestionado cómo una estructura señalada como piramidal pudo operar durante tanto tiempo sin controles efectivos, pese a la existencia de denuncias formales.
En reacción, legisladores opositores comunicaron la propuesta de una solicitud para examinar el rol de la CNBS en el caso Koriun y convocar a su titular para una interpelación oficial. Juristas expertos en derecho constitucional han alertado que reconocer la falta de acciones podría ser calificado como un delito por omisión en el desempeño de la función pública, debido a la obligación legal de responder ante indicios de operaciones financieras fraudulentas.
Grupos civiles han demandado la pronta intervención del Ministerio Público, la ejecución de una auditoría imparcial sobre las actividades de la CNBS y la creación de un fondo especial para resarcir a las víctimas, utilizando bienes confiscados a los culpables directos del fraude. Además, se ha solicitado el apoyo de entidades internacionales para salvaguardar los derechos de los perjudicados y prevenir la impunidad.
Posición del sector bancario y llamado a la prevención
Ante el aumento de las inquietudes de la población, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y las entidades bancarias que operan legalmente en el país han afirmado que no tienen ningún tipo de vínculo con la financiera Koriun. Según el sector bancario, Koriun no ha sido controlada por la CNBS ni es parte del sistema bancario formal, lo que implica que los bancos no manejaron fondos ni tuvieron relaciones comerciales con tal entidad.
Koriun se mostró en plataformas de redes sociales como una opción de inversión que prometía ganancias elevadas, pero carecía de respaldo legal y mecanismos de control. En este momento, es acusada de ser una estructura piramidal que presuntamente recaudó millones de lempiras de manera ilegal, perjudicando a decenas de miles de personas en Honduras.
El sistema bancario de Honduras ha reafirmado su compromiso con la claridad, el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del ahorro de los ciudadanos. Asimismo, ha instado a la población a que compruebe siempre que las entidades financieras estén correctamente supervisadas por la CNBS antes de efectuar cualquier inversión, y a no dejarse llevar por promesas de ganancias rápidas sin sustento.
Por último, tanto AHIBA como los bancos afiliados han solicitado a las autoridades pertinentes que realicen una exhaustiva investigación del asunto, castiguen a los implicados y lleven a cabo campañas de concienciación para prevenir fraudes futuros, destacando la fortaleza y fiabilidad del sistema bancario formal en Honduras.
