En Honduras, diversas legisladoras de varios partidos han hecho públicas varias acusaciones sobre abusos, agresiones verbales y violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acusaciones subrayan un entorno hostil donde las diputadas son intimidadas y menospreciadas por ser mujeres, sobre todo al expresar opiniones críticas o participar en discusiones legislativas. Estas circunstancias han provocado un debate sobre el respeto y la equidad en lugares de poder, revelando la continuidad de actitudes misóginas y comunicación agresiva en el parlamento.
Las acusaciones igualmente indican que este comportamiento ha aumentado en el contexto de debates controversiales, como aquellos vinculados a la Ley de Justicia Tributaria y los cambios en el Poder Judicial. Aunque la severidad de estos hechos es evidente, las autoridades del Congreso no habrían implementado sanciones disciplinarias para los responsables, lo que fomenta la aceptación de la violencia política de género. Ante esta situación, las diputadas han demandado acciones efectivas para asegurar su seguridad y el respeto a su función legislativa.
Violencia política de género y ambiente institucional en el Congreso Nacional
Las legisladoras han expresado que en el Congreso Nacional se replican comportamientos que van desde insultos verbales hasta intentos de agresión física, lo cual evidencia un patrón de violencia política de género. Esta situación impacta la participación total y activa de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.
La violencia política de género se manifiesta especialmente en momentos de debate intenso, cuando las legisladoras asumen posiciones críticas frente al oficialismo. Esta situación no solo vulnera los derechos de las mujeres parlamentarias, sino que también pone en riesgo la calidad democrática, al limitar la diversidad de voces y opiniones en la toma de decisiones. La ausencia de protocolos específicos para atender estos casos en el Congreso contribuye a la persistencia de esta problemática.
Apoyo social e institucional y exigencias de las legisladoras
Distintas áreas de la sociedad civil, junto con entidades internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han mostrado su respaldo a las legisladoras afectadas y han instado al Estado hondureño a asegurar condiciones de igualdad y seguridad para todas las diputadas. Estas entidades han enfatizado la urgencia de aplicar sanciones disciplinarias inmediatas contra aquellos que lleven a cabo actos de violencia política, así como de desarrollar protocolos específicos para prevenir y abordar estas situaciones en el ámbito legislativo.
Las legisladoras han expresado que continuarán insistiendo en ser atendidas y valoradas, subrayando que su responsabilidad es actuar en nombre de la población y no ser víctimas de hostigamiento o abuso. Entre sus exigencias se destaca la creación de procedimientos definidos para salvaguardar su bienestar, el reconocimiento total a su tarea legislativa y la eliminación de cualquier tipo de violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas medidas son vistas como esenciales para consolidar la democracia y asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la política de Honduras.
