Se ha desatado una nueva polémica en torno a las acciones del Poder Legislativo de Honduras. El titular del Congreso Nacional Honduras, Luis Redondo, está bajo escrutinio debido a la promulgación de una ley en el periódico oficial La Gaceta. El origen de la disputa es que dicha publicación, según las quejas presentadas, ocurrió sin que antes se hubiese aprobado el acta de la sesión donde se dio el visto bueno a la ley, un proceso conocido como ratificación de acta. Esta acción, afirman, va en contra de las normas específicas del marco legal parlamentario del país.
Informaciones procedentes del parlamento sugieren que este evento no es un caso único. Se han observado situaciones similares en tiempos recientes, lo que establece un comportamiento recurrente. Esta repetición plantea serios interrogantes sobre la validez de las leyes que se han aprobado bajo este método. Las reglas internas del Congreso son claras: ningún decreto tiene legalidad y oficialidad sin la aprobación formal del acta de la sesión correspondiente. La persistencia en un procedimiento considerado inusual ha levantado preocupaciones en diferentes grupos políticos y sociales del país.
Influencia en la estructura democrática
Un grupo de legisladores de la oposición ha descrito esta acción como una «ofensa evidente a la estructura democrática del país». Estos diputados críticos sostienen que tal comportamiento debilita gravemente el respeto por el principio de legalidad, que es esencial en la creación de nuevas leyes. Ante este escenario, están evaluando la posibilidad de acudir a tribunales judiciales y constitucionales. Su propósito principal es detener lo que consideran una «dictadura parlamentaria de hecho», una circunstancia que, según ellos, distorsiona los métodos democráticos de toma de decisiones.
Al mismo tiempo, varios analistas políticos y especialistas en derecho han expresado su inquietud. Advierten que esta táctica no solo debilita la confianza del público en el Poder Legislativo, sino que también establece un precedente muy arriesgado. Promulgar leyes sin seguir los controles internos establecidos —creados específicamente para proteger la voluntad ciudadana y garantizar el proceso legislativo adecuado— se considera una desviación significativa. Un destacado experto en derecho constitucional, reflexionando sobre el asunto, afirmó que «promulgar una ley sin ratificar el acta es equivalente a falsificar la historia parlamentaria. Es similar a aprobar leyes invisibles», destacando la gravedad de la omisión.
Convocatoria a las entidades reguladoras y potenciales repercusiones legales
Frente a la seriedad de los hechos presentados, varias organizaciones civiles y organismos de fiscalización legislativa han lanzado un contundente llamado. Sus solicitudes están dirigidas a las principales instituciones de control gubernamental, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. El reclamo es unánime: estas entidades deben actuar rápidamente para llevar a cabo una investigación exhaustiva y aplicar las sanciones pertinentes a una práctica que, en su opinión, infringe directamente el Estado de Derecho. La demanda se enfoca en el restablecimiento de la legalidad y la transparencia en el ejercicio del poder.
Este último suceso se suma a una serie de cuestionamientos que han caracterizado el desempeño del Congreso Nacional Honduras durante la actual legislatura. La persistencia de estas irregularidades en el procedimiento legislativo podría, a mediano plazo, desencadenar una serie de impugnaciones legales. Tales acciones judiciales tendrían como blanco directo las leyes ya promulgadas bajo este esquema que se considera anómalo, lo que podría generar un escenario de considerable inestabilidad jurídica y política en el país centroamericano.
