Las elecciones generales en Honduras, programadas para el 30 de noviembre de 2025, se llevan a cabo en un entorno de tensión política y desafíos institucionales. El contexto electoral está caracterizado por la influencia del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) en las entidades gubernamentales y una oposición que tiene problemas para presentar un frente común. Las evidencias de un debilitamiento democrático y los conflictos entre instituciones cruciales, como el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, provocan preocupación respecto a la transparencia y legitimidad del proceso.
El escenario político de Honduras se define por una oposición dividida, donde el Partido Nacional y el Partido Liberal están en diálogos para establecer una coalición. No obstante, los desacuerdos internos y la falta de consenso en torno a liderazgos y programas han dificultado la creación de una alianza firme. Las elecciones primarias recientes mostraron fallos logísticos y poca afluencia de votantes, aumentando las incertidumbres sobre el sistema electoral y avivando las críticas hacia la administración institucional.
Supervisión institucional y conflictos en el período electoral
El informe del laboratorio Nodos señala que la democracia hondureña muestra signos de presión y que el oficialismo mantiene el poder a través de un control estructural de las instituciones. Esta situación ha generado escenarios posibles que incluyen la continuidad del actual modelo, una parálisis institucional o incluso una ruptura constitucional. Las tensiones entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, responsables de la logística electoral, han sido motivo de preocupación sobre la imparcialidad y eficiencia del proceso. Además, la falta de reformas electorales y la persistente polarización política aumentan el riesgo de conflictos posteriores a los comicios.
Distintos grupos de la sociedad civil y la comunidad internacional han instado a las autoridades a asegurar un proceso electoral que sea claro e inclusivo, cumpliendo con los principios democráticos para mantener la estabilidad política y social del país. La conjunción de un gobierno con control de las instituciones, una oposición fragmentada y un sistema electoral en tela de juicio, sugiere el riesgo de una crisis institucional inédita en Honduras.
Situaciones de alianza opositora y reacciones del gobierno
En el contexto actual, los partidos Liberal y Nacional han comenzado diálogos formales para considerar una posible alianza opositora, con la meta de competir contra el Partido LIBRE en las siguientes elecciones. Estas conversaciones han cubierto temas como los métodos de unidad electoral, asignación de candidaturas y un programa común enfocado en la protección de la democracia, la economía de mercado y el respeto al orden constitucional. Los partidos de oposición sostienen que el gobierno de Xiomara Castro y su asesor Manuel Zelaya han implementado medidas dirigidas a la concentración de poder, como la utilización del Ministerio Público para acciones contra opositores, intentos de controlar el CNE y propuestas de reformas constitucionales.
Si se concretara la coalición, los dos partidos principales podrían alcanzar más del 50 % de los votantes, de acuerdo con estudios recientes. Algunos sectores sociales y del ámbito empresarial consideran esta unión como una opción factible para frenar el crecimiento del partido en el poder. Mientras tanto, el partido en el poder ha restado importancia al posible impacto de una coalición opositora, diciendo que no proporciona soluciones para el país. Las elecciones de 2025 se presentan como una consulta entre la continuidad del proyecto de transformación promovido por LIBRE y el regreso a un modelo republicano y favorable a la inversión apoyado por una oposicón unificada. El resultado determinará la dirección política e institucional de Honduras.
