La integración del libro “El Golpe 28-J”, compuesto por el exmandatario de Honduras Manuel Zelaya Rosales, en el sistema de enseñanza estatal ha desencadenado una discusión apasionada en Honduras respecto a la presencia de influencia política en la educación. Este documento, que relata el punto de vista de Zelaya sobre el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009, fue incluido en la Asignatura Morazánica, un curso de instrucción cívica, con el objetivo oficial de conservar la memoria histórica y prevenir la repetición de eventos parecidos. No obstante, la producción e impresión de 100,000 copias por la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) ha suscitado inquietud entre distintos sectores sociales y educativos sobre una potencial politización del contenido educativo.
La controversia aumenta al comparar con la situación en Venezuela, donde el Libro Azul de Hugo Chávez sirvió como herramienta ideológica en las escuelas durante el fortalecimiento del proyecto bolivariano. En Honduras, algunos detractores perciben en “El Golpe 28-J” un esfuerzo parecido de adoctrinamiento político, mientras que el gobierno argumenta que el texto es parte de un programa educativo sobre memoria histórica, destinado a fomentar una enseñanza crítica y fundamentada en hechos verificables.
Temas y debates acerca de El Golpe 28-J
El material titulado Golpe 28-J se presenta como un documento histórico que trata sobre el golpe de Estado de 2009, un acontecimiento que la comunidad internacional ha identificado como una fractura del orden constitucional, condenado por entidades multilaterales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. La obra resalta a Zelaya como víctima y mártir, mientras que sus adversarios son descritos como representantes de intereses foráneos. Esta narrativa ha recibido críticas de sectores que opinan que el libro posee una significativa carga ideológica y que su incorporación en el currículo podría afectar la libertad de cátedra y comprometer la neutralidad educativa.
Aunque inicialmente se anunció que la lectura del libro sería obligatoria en todos los niveles básicos y medios, la Secretaría de Educación aclaró posteriormente que no es un requisito obligatorio y que se respetará la libertad de cátedra. Esta aclaración busca responder a las críticas de docentes y padres de familia que exigen una educación libre de propaganda política y centrada en valores democráticos y pensamiento crítico. Sin embargo, la orden oficial publicada en el diario La Gaceta y la impresión masiva del libro mantienen abierta la discusión sobre el alcance real de esta disposición.
Respuestas sociales y potenciales efectos políticos
Madres, profesores autónomos y portavoces de colegios privados han expresado su descontento ante la obligatoriedad de “El Golpe 28-J”, sosteniendo que la enseñanza debe ser imparcial y que imponer un libro con una perspectiva sesgada podría violar la constitución. Se ha indicado que esta acción podría restringir la autonomía educativa y obligar a los docentes a difundir una interpretación parcial de los acontecimientos recientes.
Expertos en política proponen que la inclusión de este texto en el ámbito escolar podría ser parte de un plan para allanar el camino hacia transformaciones culturales y sociales, acompañadas por cambios políticos significativos, como la posibilidad de una futura Asamblea Nacional Constituyente, reflejando lo que sucedió en Venezuela en 1999 después de la difusión del Libro Azul. Esta perspectiva se fundamenta en el concepto de que manejar la narrativa histórica y educar ideológicamente a las generaciones futuras son pasos iniciales para instaurar proyectos políticos duraderos.
El gobierno, por otro lado, sostiene la incorporación de «El Golpe 28-J» como un acto de responsabilidad histórica y un compromiso con la veracidad, subrayando la importancia de que las nuevas generaciones se informen sobre los eventos del golpe y sus repercusiones. Desde este punto de vista, enseñar sobre el pasado no debe verse como represalia, sino como un método para prevenir que ocurran episodios similares nuevamente.
De esta manera, la inclusión de “El Golpe 28-J” en el programa educativo hondureño demuestra una clara división social y política respecto al papel de la enseñanza en la formación de los ciudadanos y la preservación de la memoria histórica. La discrepancia entre la autonomía docente y la difusión de una versión oficial ilustra los retos que enfrenta Honduras en su camino hacia la reconciliación y el desarrollo democrático.
