Han transcurrido más de dieciocho meses desde que el Gobierno de Xiomara Castro implementó el estado de excepción, y los índices de violencia y criminalidad en Honduras no muestran una reducción constante. Esto ha avivado la discusión sobre la efectividad de dicha medida en el ámbito de la seguridad del país.
Desde su aprobación en diciembre de 2022, el estado de excepción fue planteado como una respuesta inmediata al control territorial de maras y pandillas en zonas urbanas y rurales. Sin embargo, su aplicación ininterrumpida por más de 18 meses y las reiteradas prórrogas no han logrado contener fenómenos como la extorsión, los homicidios y otras formas de violencia que afectan directamente a sectores estratégicos de la economía y la vida cotidiana.
Continuidad del crimen y percepciones de los ciudadanos
Informes variados de entidades sociales y estadísticas policiales concuerdan en que las bandas criminales aún operan con una notable capacidad de intimidación, sobre todo en áreas estratégicas del norte y centro del país. Negociantes, conductores y habitantes siguen reportando extorsiones, amenazas y homicidios en regiones donde el Estado sostiene una presencia militar y policial bajo el régimen de excepción.
Dirigentes comunitarios, como uno consultado en Tegucigalpa, han expresado que “la población sigue aterrada” y que no se perciben mejoras sustanciales en la seguridad. Estas voces advierten que la delincuencia mantiene el control en barrios enteros, mientras que las autoridades presentan cifras que no reflejan la realidad en las calles, lo que ha alimentado la desconfianza pública.
Cuestionamientos al enfoque gubernamental
El estado de excepción fue diseñado como un recurso especial para combatir el crimen organizado, otorgando poderes particulares a las fuerzas de seguridad para su actuación. Sin embargo, ha sido criticado por su extensión en el tiempo y la falta de un plan completo.
Informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y de organismos internacionales han señalado un incremento en las denuncias por detenciones arbitrarias y vulneraciones a derechos fundamentales. En paralelo, expertos en seguridad advierten que la militarización sin inteligencia operativa no ha dado resultados sostenibles ni ha debilitado las estructuras criminales.
“La reacción gubernamental ha sido más de imposición que de planificación”, comentó un experto en seguridad, quien opina que no se ha conseguido desarrollar un modelo de intervención fundamentado en prevención, justicia y colaboración entre instituciones.
Demandas por una estrategia completa de seguridad
Dado el mantenimiento del estado de excepción y la persistencia de las extorsiones, uno de los crímenes con mayor repercusión en la economía informal, el transporte público y la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido un análisis técnico de la política de seguridad vigente.
Las quejas vinculadas a la extorsión continúan incrementándose y, a pesar de que ocasionalmente se informa sobre la detención de presuntos líderes, estas medidas no han logrado un impacto disuasorio constante. Conforme a relatos obtenidos en la prensa local, numerosas víctimas prefieren guardar silencio o desplazarse forzosamente debido a la ausencia de garantías de seguridad.
El ámbito empresarial ha manifestado inquietud por la ausencia de resultados tangibles y ha solicitado una reestructuración en el método de seguridad, involucrando a expertos en justicia, entidades sociales y colaboración internacional. “Honduras no requiere más espectáculos mediáticos. Necesita logros verdaderos”, afirmó un representante del sector empresarial, al demandar claridad y responsabilidad sobre la implementación de medidas extraordinarias.
Desafíos para la institucionalidad en un contexto de violencia persistente
La extensión del estado de excepción sin una evaluación pública de sus resultados muestra las tensiones entre la premura por controlar la violencia y la importancia de mantener el orden democrático y proteger los derechos fundamentales. En una nación caracterizada por instituciones frágiles y una gran desconfianza hacia las autoridades, la seguridad sigue siendo un tema de conflicto entre el Gobierno, los grupos sociales y los ciudadanos.
El reto principal al que se enfrenta el gobierno de Xiomara Castro es hallar una solución perdurable que una el control del crimen con una política pública completa, legítima y con participación inclusiva. Por otro lado, la persistencia de la violencia y la sensación de inseguridad mantienen preocupada a una ciudadanía que sigue aguardando respuestas eficientes y sostenibles.
