El escenario político en Honduras está en una situación delicada, con múltiples sectores de la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación expresando gran inquietud sobre lo que consideran una inclinación autoritaria del Partido LIBRE, especialmente en relación con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.
Se han encendido señales de alerta en la comunidad hondureña debido a diversas medidas del gobierno que indican una alarmante degradación de los valores democráticos. Estas medidas incluyen desde la restricción de derechos civiles básicos, imprescindibles para una participación ciudadana completa, hasta la introducción de sistemas diseñados para incrementar la supervisión sobre los medios de comunicación, que son esenciales para moldear la percepción pública y supervisar las acciones del gobierno.
Unida a esto está la percepción de un plan intencionado para fortalecer el control en las varias instituciones del Estado, lo cual podría resultar en un debilitamiento de la división de poderes y, por lo tanto, de los mecanismos de supervisión y balance requeridos en un sistema democrático robusto. La interacción de estas tendencias ha creado un ambiente de inquietud y miedo en distintos sectores, quienes observan en estas acciones un modelo que podría llevar a un régimen con rasgos autoritarios.
Riesgos para las libertades básicas: manifestación, medios de comunicación y ejército
Entre las medidas que han suscitado polémica está la supuesta penalización de las manifestaciones ciudadanas, ya que se han señalado la difusión de normas y decretos que autorizan el empleo de la fuerza y el enjuiciamiento de personas que se expresan, aun en manifestaciones pacíficas. En este contexto, se han documentado detenciones arbitrarias de dirigentes comunitarios, despliegues excesivos de la policía y advertencias de enjuiciamiento a asociaciones sociales críticas de las autoridades.
En cambio, ha surgido preocupación respecto a la libertad de expresión en los medios. Los profesionales del periodismo y las entidades informativas que ejercen una crítica han enfrentado campañas de descrédito, limitaciones en el acceso a datos oficiales, así como presiones de carácter tributario, legal y publicitario, además de sufrir violencia e intimidación física. Asociaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han expresado su alarma ante el deterioro de la libertad de prensa en la nación.
Un asunto controversial más es el estado de las fuerzas militares. Se han presentado quejas sobre una supuesta eliminación intencionada de oficiales que no están alineados con la dirección política del partido en el poder, además del desarme parcial o la reubicación de tareas estratégicas hacia liderazgos allegados al oficialismo. Estas medidas han causado inquietud por la posible politización de la institución castrense.
El problema democrático en Honduras
Las medidas en contra de los medios informativos y la comunidad civil buscan acallar las voces críticas, al mismo tiempo que indican un plan más extenso para desmantelar las estructuras democráticas y centralizar un poder dominante.
Así se ha planteado la preocupación sobre la implementación de una estrategia que, según analistas y líderes de la oposición, busca consolidar el poder del Partido LIBRE en las instituciones del Estado, a través de la captura institucional, reformas constitucionales, persecución de la oposición y la prensa crítica, y el uso del aparato estatal para el clientelismo político. Se han señalado el intento de control del Consejo Nacional Electoral, la postulación de figuras vinculadas al ala más radical del partido, los intentos de reforma constitucional, la creación de estructuras paralelas al Estado y el distanciamiento de Estados Unidos.
Los comicios generales de 2025 se presentan como un punto crítico para el porvenir de la democracia en Honduras. Los ciudadanos tendrán que elegir entre permitir el fortalecimiento de un modelo autoritario o defender la estructura democrática institucional.
