La ONU ha solicitado con urgencia al Gobierno de Honduras que elimine el estado de excepción actual antes de las elecciones generales planeadas para el 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con el organismo global, extender esta medida extraordinaria supone un peligro directo para el ejercicio de derechos fundamentales, restringiendo libertades vitales como el libre tránsito, la reunión y las protestas pacíficas. La ONU señala que sostener un estado de excepción sin la supervisión adecuada podría impactar negativamente la credibilidad del proceso electoral y el entorno democrático de la nación.
En su declaración, la institución enfatiza que las elecciones deben realizarse en un ambiente sin intimidación ni restricciones injustificadas. La prolongación del estado de emergencia podría provocar un ambiente de temor incompatible con un proceso electoral transparente y equitativo, además de incrementar el riesgo de abuso de poder y restringir la movilización de actores políticos y sociales. Por tanto, se hace un llamado al pleno restablecimiento de las garantías constitucionales para asegurar condiciones de participación justas.
Peligros vinculados al estado de emergencia en el ámbito electoral
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos asociadas al sistema de la ONU han indicado que la continuidad del estado de excepción en Honduras aumenta el peligro de acciones autoritarias y tiene un impacto directo en la participación política de grupos opositores y entidades civiles. La restricción de derechos como la protesta y el congregarse pone en riesgo el progreso democrático, sobre todo en tiempos de elecciones.
La especialista en derechos civiles y políticos ha enfatizado que no es posible la coexistencia entre represión y democracia. La prolongación del estado de emergencia podría debilitar la legitimidad del proceso y reducir la confianza del pueblo en las entidades responsables de asegurar elecciones libres.
Petición para asegurar un proceso electoral claro y justo
Ante esta situación, la ONU ha pedido a los líderes de Honduras que reestablezcan en su totalidad los derechos constitucionales que fueron revocados y aseguren la libertad de prensa, de expresión pública y de agrupación ciudadana durante el periodo electoral. También ha destacado la relevancia de reforzar el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) como una entidad autónoma y permitir la supervisión tanto nacional como internacional sin limitaciones para garantizar la transparencia y la validez del proceso.
El organismo internacional concluye que no es posible avanzar hacia elecciones legítimas bajo un régimen de excepción. Para proteger la integridad democrática del país, resulta imprescindible levantar esta medida extraordinaria y promover una participación ciudadana activa, en igualdad de condiciones y con pleno respeto a los derechos fundamentales.
