A poco más de un año de las elecciones generales en Honduras, previstas para noviembre de 2025, distintos sectores políticos y sociales han expresado preocupación por lo que califican como señales anticipadas de una estrategia orientada a condicionar la legitimidad del proceso electoral. Las alertas provienen de analistas, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales, quienes observan una serie de acciones del partido gobernante, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían minar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Denuncias sobre discursos y acciones que podrían impactar el proceso electoral
Entre las principales preocupaciones expuestas figura el uso reiterado de discursos oficiales que anticipan un posible fraude, sin que se presenten pruebas concretas. Estas declaraciones señalan a sectores económicos, medios de comunicación y actores internacionales como supuestos conspiradores contra el oficialismo, lo que para algunos analistas representa un intento por instalar la percepción de manipulación electoral en caso de una derrota en las urnas.
La narrativa, según observadores, parece buscar un doble objetivo: deslegitimar con antelación cualquier resultado desfavorable y al mismo tiempo fomentar un ambiente de desconfianza generalizada en las instituciones encargadas del proceso electoral.
Conflictos en instituciones y dudas sobre el ente electoral
Un tema delicado ha sido la posición que LIBRE ha adoptado respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido en el gobierno tuvo un rol importante en la creación de esta entidad, ahora emite comentarios que ponen en duda su imparcialidad y confianza. Según opiniones críticas, esta táctica busca debilitar la autoridad del CNE en momentos cruciales del proceso electoral.
Simultáneamente, se ha observado un aumento en los procedimientos judiciales contra líderes opositores, reporteros y activistas de derechos humanos. Estos eventos son vistos por grupos de la oposición como formas de presión que podrían restringir el discurso público y la participación ciudadana en un ambiente previo a las elecciones.
Además, se ha implementado de forma extendida el estado de excepción, en vigor desde 2022 como una medida de seguridad por parte del Gobierno. Aunque su uso ha sido respaldado para luchar contra el crimen organizado, ha tenido como efecto secundario la limitación de derechos como la libertad de reunión y movimiento, afectando directamente el desarrollo de actividades políticas y la expresión política del público.
Inquietud por el involucramiento y la solidez de la democracia
La combinación de narrativas de fraude, judicialización de adversarios y restricciones institucionales ha generado preocupación entre diversos sectores sobre una posible desmovilización del electorado opositor. Según analistas, este entorno podría derivar en abstención, apatía o incluso en escenarios de confrontación poselectoral si el resultado es impugnado o desconocido por alguna de las partes.
Estas tensiones están ocurriendo en una época en la que ciertos sondeos muestran una caída en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una posición negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. Dentro de este marco, se ha entendido que el foco del discurso del gobierno en un supuesto fraude es un movimiento estratégico anticipado frente a un entorno electoral desfavorable.
Llamados a garantizar transparencia y respeto al proceso
Varias entidades de ámbito nacional e internacional han expresado su deseo de que el Estado hondureño asuma compromisos sólidos para garantizar la claridad en los procesos electorales. Entre estos compromisos resaltan mantener el cronograma electoral sin alteraciones, evitar cualquier tipo de injerencia política en las instituciones electorales y judiciales, y aceptar públicamente los resultados, independientemente de cómo se desarrollen.
Organizaciones como la OEA, la ONU, la Unión Europea y diversas redes de monitoreo ciudadano han expresado su voluntad de apoyar el proceso, mientras que piden que se permita una observación internacional amplia, previa e imparcial. Estos actores esperan que Honduras asegure un proceso en el cual se respete el derecho de los ciudadanos a seleccionar libremente a sus representantes, sin presiones o influencias institucionales.
Un panorama marcado por la incertidumbre y la exigencia democrática
El contexto electoral en Honduras hacia el año 2025 se vislumbra como un momento crucial para la solidez institucional de la nación. Las alertas expresadas por múltiples sectores destacan una inquietud generalizada sobre la eventual influencia de intereses políticos en el proceso.
Ante la fragilidad del sistema democrático y el historial de crisis poselectorales en el país, el desafío central radica en asegurar un proceso transparente, con garantías para todos los actores, y que derive en un resultado aceptado por la ciudadanía. La legitimidad del próximo gobierno dependerá no solo del voto, sino del respeto irrestricto a las reglas del juego democrático.
