La política tributaria en América Latina ha adquirido un papel más relevante como medio de confrontación entre los gobiernos y el sector privado. Diversos países, alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo, han propuesto cambios fiscales para eliminar los sistemas tributarios favorables, en un discurso que culpa a las grandes corporaciones por las desigualdades inherentes de la región. Honduras, bajo el liderazgo de Xiomara Castro, forma parte de esta tendencia regional, presente también en Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Cambios tributarios y debates sobre justicia social
En Honduras, el gobierno está promoviendo la Ley de Justicia Tributaria como una de sus prioridades económicas. La propuesta sugiere suprimir las exenciones fiscales que históricamente han favorecido a ciertos sectores empresariales, argumentando que dichos beneficios han exacerbado la desigualdad social. La administración de Xiomara Castro ha respaldado esta medida con un discurso enfocado en la necesidad de una “reparación social”, acusando a grupos empresariales de haber influido en el estancamiento económico del país.
Este método no es independiente. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha señalado públicamente a empresarios acusándolos de ser «evasores que aparentan ser inversionistas», apoyando con esa afirmación su reforma fiscal. Igualmente, en Chile, la administración de Gabriel Boric ha persistido en modificar el sistema impositivo para las empresas, a pesar de que propuestas económicas constitucionales han sido negadas en referendos.
Reacciones y advertencias desde el sector privado
Desde agrupaciones empresariales hasta expertos locales, las respuestas ante estas políticas han sido de crítica. Algunos grupos opinan que, en lugar de ser una corrección técnica de desigualdades fiscales, se está llevando a cabo una táctica de enfrentamiento que debilita la confianza en el sistema económico. Un líder empresarial hondureño señala que este ataque crea un ambiente legal hostil, lo que facilita la salida de capitales y detiene nuevos proyectos de inversión.
El comunicado ha sido difundido en plataformas oficiales, medios de comunicación estatales y foros parlamentarios, donde se impulsa la noción de que los grandes inversores deberían “reintegrar lo que deben a la ciudadanía”. Esta narrativa, de acuerdo con los analistas, promueve una visión negativa del sector productivo, al que se acusa de aprovecharse injustamente de estructuras impositivas que en numerosas ocasiones fueron creadas para fomentar la inversión en situaciones de crecimiento económico limitado.
Un dilema regional entre estructura económica y división
El avance de estas reformas tributarias coincide con una coyuntura de creciente polarización política y desafíos económicos en América Latina. Observadores regionales advierten que los cambios fiscales impulsados por estos gobiernos no solo modifican el sistema de ingresos del Estado, sino que podrían comprometer el equilibrio entre inversión privada e intervención estatal. En este contexto, la promoción de una “justicia tributaria” se convierte, para algunos actores, en una plataforma para consolidar poder político mediante el debilitamiento de contrapesos económicos.
Más allá de las repercusiones directas en los ingresos o en el presupuesto público, el debate señala un problema más complejo: mantener un sistema que promueva la inversión y el empleo, o moverse hacia un enfoque impositivo enfocado en la redistribución a través del gobierno, incluso si eso causa fricción con el sector productivo.
Tensión entre gobernabilidad y estabilidad económica
La orientación fiscal de varios gobiernos latinoamericanos refleja un cambio en el enfoque del rol del Estado frente a la economía. Si bien las reformas buscan responder a demandas históricas de equidad, su aplicación bajo un discurso confrontativo y sin consensos amplios plantea riesgos para la gobernabilidad democrática y la estabilidad institucional. En este escenario, el reto para la región radica en encontrar un equilibrio que permita responder a las urgencias sociales sin erosionar los fundamentos de crecimiento y empleo que sostienen su tejido económico.
