El problema causado por la gigantesca estafa piramidal de la empresa Koriun Inversiones ha aumentado en las semanas recientes, llevando a manifestaciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde los ciudadanos piden al gobierno de Honduras medidas efectivas. Personas afectadas de diversas áreas del país señalan la falta de acción de las instituciones ante una situación que ha provocado pérdidas millonarias a más de 35,000 individuos. La reacción del gobierno, que hasta ahora ha sido limitada, ha incrementado las críticas públicas y reavivado dudas sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para evitar y castigar fraudes de esta magnitud.
Críticas a denuncias públicas y oficiales
Las protestas de los últimos tiempos se caracterizaron por lemas enfocados hacia el gobierno de la mandataria Xiomara Castro y a organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los protestantes afirman que fueron víctimas de un esquema financiero engañoso y, hasta ahora, no se ha establecido un programa de compensación ni se han señalado culpables de forma clara.
Uno de los puntos más criticados involucra a la CNBS. Los manifestantes señalan al organismo regulador por haber recibido quejas oficiales acerca de las actividades anómalas de Koriun, sin tomar acciones preventivas o correctivas. Estas declaraciones han intensificado la percepción de una posible negligencia institucional, lo que ha exacerbado la desconfianza hacia la supervisión estatal del sistema financiero no bancario.
Oposición al empleo de recursos públicos y demanda de responsabilidad penal
Los perjudicados también han desestimado sugerencias informales que plantean el uso de dinero del estado para reponer las pérdidas causadas por el engaño. La propuesta de emplear dinero público ha sido considerada por los manifestantes como una acción inadecuada que transferiría la carga del fraude a toda la ciudadanía, en lugar de buscar a los culpables directos y a quienes colaboraron en la estafa piramidal.
Durante las manifestaciones, numerosos carteles mostraron la desaprobación hacia la estrategia implementada por los dirigentes. Frases como “El Gobierno tiene culpa también” y “Koriun engañó, el Estado lo ocultó” indican una visión donde tanto los estafadores como las entidades de control y juzgado tienen parte de culpa por la ausencia de soluciones rápidas.
Simultáneamente, la falta de progresos evidentes en el Ministerio Público ha provocado críticas de grupos ciudadanos que sienten una carencia de compromiso político para alcanzar una solución judicial efectiva del caso. La inacción de la Fiscalía ante un caso de gran trascendencia social e institucional ha creado un nuevo punto de fricción entre la población civil y el sistema judicial.
Proyecciones de movilización y presión internacional
Frente a la ausencia de progresos, grupos civiles han declarado la planificación de más días de manifestación y han considerado la opción de llevar el conflicto a un nivel internacional. Algunos grupos ven el uso de medidas legales fuera del país como una forma de instar al Estado hondureño a que cumpla con sus obligaciones de justicia y compensación.
El conflicto ha evidenciado no solo la magnitud del fraude, sino también las debilidades estructurales en la regulación de entidades financieras informales y la escasa capacidad de respuesta ante delitos económicos de gran escala. El caso Koriun ha puesto en el centro del debate nacional la necesidad de reformas que fortalezcan los sistemas de supervisión, sanción y reparación, en un contexto de creciente desconfianza institucional.
Un panorama marcado por el desgaste institucional
El progreso en el caso Koriun muestra una situación donde las demandas sociales de justicia chocan con la lentitud del sistema institucional. La incertidumbre referente al uso de los fondos, la rendición de cuentas de las personas involucradas y la función de los organismos reguladores ha puesto al Estado bajo una observación crítica. El desafío para el gobierno y el poder judicial no solo radica en solucionar el caso, sino también en recuperar la confianza pública en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos financieros de la ciudadanía en un país donde los métodos de supervisión siguen siendo débiles.
