El escándalo por la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha afectado a más de 35.000 personas en Honduras, ha escalado al centro del debate político tras la aparición de cuestionamientos hacia figuras cercanas al círculo de poder presidencial. En particular, las críticas se han centrado en el llamado “familión Zelaya”, término con el que sectores opositores y organizaciones ciudadanas aluden a funcionarios con vínculos familiares o políticos con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Aunque el Ministerio Público ha iniciado acciones judiciales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha intervenido con medidas como la congelación de cuentas y algunas capturas, persiste una fuerte incertidumbre sobre la transparencia y el alcance real de las investigaciones. La falta de información oficial detallada sobre cómo se permitió el funcionamiento del esquema fraudulento durante tanto tiempo ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos hacia las instituciones encargadas de la supervisión financiera y de la aplicación de justicia.
Señalamientos a funcionarios con vínculos políticos
Entre los individuos señalados en las discusiones públicas están Héctor Zelaya, asistente personal de la Presidencia e hijo del exmandatario Zelaya, y el fiscal general Johel Zelaya. Ambos desempeñan funciones clave desde que comenzó el gobierno actual y, según varios críticos, podrían tener influencia en los procedimientos institucionales vinculados al caso Koriun.
Estas imputaciones surgen en un entorno caracterizado por la polarización y la creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado. Aun cuando no hay evidencia pública que relacione directamente a los funcionarios nombrados con el fraude, las críticas señalan la posible falta de objetividad en las acciones y una gestión arbitraria de las responsabilidades legales que les competen.
Incertidumbres respecto al desempeño institucional
La CNBS se ha destacado como una de las entidades más criticadas por su reacción demorada ante el esquema fraudulento, que consiguió desplazar al menos 428 millones de lempiras antes de ser detenido. La comisión apoyó la declaración oficial de compensar a los perjudicados, pero no presentó un informe técnico o legal para detallar las condiciones de este procedimiento ni las razones del fallo en los controles preventivos.
En tanto, la Fiscalía, liderada por Johel Zelaya, ha conseguido recuperar ciertos fondos. No obstante, los progresos de la indagación aún no van acompañados de una comunicación clara y abierta que aclare las inquietudes sobre la participación de empleados del gobierno en la omisión o posible encubrimiento de anomalías.
Demandas de claridad y supervisión autónoma
Organizaciones de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han instado a crear una comisión autónoma, sea a nivel nacional o con ayuda internacional, que investigue de manera independiente los acontecimientos y potenciales conexiones entre los responsables del esquema y empleados del gobierno. Las exigencias abarcan la presentación de un informe exhaustivo que aclare los métodos operativos del fraude, la detección de fallas en los controles económicos y que cualquier individuo involucrado, sin importar la relación familiar o nexos políticos, rinda cuentas.
En diferentes foros ciudadanos se ha señalado que la gestión del caso Koriun podría convertirse en un momento crucial para la confianza institucional del país. «Si el Estado da prioridad a las recompensas políticas sobre la justicia, el daño a la credibilidad institucional es irreparable», se declaró en un reciente encuentro sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una crisis que trasciende el ámbito financiero
A dos meses de haberse desatado el incidente, los efectos ya no se circunscriben al ámbito económico. La creencia de que algunas personas influyentes pudieran estar siendo resguardadas frente a eventuales responsabilidades jurídicas ha intensificado el escepticismo entre la población y ha reavivado discusiones sobre el empleo político de las entidades.
El avance de este procedimiento, la reacción del gobierno y el comportamiento de las entidades independientes influirán no solo en el desenlace legal del caso, sino también en la confianza que los ciudadanos hondureños otorguen a sus autoridades en un entorno de debilidad institucional y fuerte división. La demanda principal, por ahora, se centra en una investigación sin obstáculos y con garantías de transparencia, como requisito indispensable para mantener la legitimidad del Estado de derecho.
