La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no formará parte del legado del gobierno de Xiomara Castro. Aunque fue presentada como un pilar esencial en su plan gubernamental, la propuesta no llegó a materializarse y quedará excluida del presente mandato presidencial, que termina en enero de 2026. Con este abandono implícito de la iniciativa, el Gobierno cierra un episodio que había creado esperanzas considerables en la población respecto a la lucha contra la corrupción.
El proceso para establecer la CICIH se caracterizó por retrasos continuos, extensiones infructuosas y conversaciones paralizadas con las Naciones Unidas. El reconocimiento oficial del descalabro, manifestado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, indica una mezcla de razones que, de acuerdo a su perspectiva, incluyen impedimentos legislativos y elementos internacionales. Sin embargo, para diversos sectores de la sociedad, esta aclaración parece ser inadecuada.
La ruptura de una promesa que debilitó la confianza
Distintas voces del sector civil y del contexto global acuerdan que la responsabilidad mayor recae sobre la gestión actual. Para expertos y quienes siguen el proceso, el inconveniente no fue la ausencia de factores externos, sino la falta de voluntad política del Gobierno para honrar los acuerdos pactados.
Desde esta perspectiva, la no implementación de la CICIH no es un accidente ni un resultado inevitable, sino una decisión. Así lo expresó Juan Jiménez Mayor, exvocero de la MACCIH, quien cuestionó directamente al Gobierno por abandonar una promesa que generó amplias expectativas. A estas críticas se sumó Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue enfática al acusar al oficialismo de haber utilizado la CICIH como un recurso de campaña sin voluntad real de avanzar en su instalación.
Una estrategia para combatir la corrupción sin apoyo institucional
La salida de la CICIH del ámbito nacional tiene repercusiones que van más allá del aspecto administrativo. La falta de progresos tangibles ha intensificado la percepción de que el combate a la corrupción carece de herramientas eficientes y de compromiso estatal. La confianza en el Ejecutivo respecto a esta cuestión se ve afectada, en un contexto donde las exigencias de transparencia y responsabilidad siguen siendo apremiantes.
Sin tener en cuenta ya la implementación de un mecanismo internacional, Honduras deja pasar una oportunidad crucial para abordar de manera estructural la impunidad. El tiempo que queda en el presente mandato hace poco probable cualquier esfuerzo real por cambiar esta situación, dejando a los ciudadanos con una promesa incumplida y sin una solución rápida que supla la falta de dicho proyecto.
Lo que al principio se mostró como emblema del cambio en el sistema político ha acabado por ser solo un elemento más en la lista de promesas sin cumplir, debilitando de esta manera el discurso del gobierno sobre la batalla contra la corrupción y generando un nuevo ámbito para la desconfianza de la población.
