Con el acercamiento de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) está siendo objeto de acusaciones por parte de la oposición, quienes señalan la posible planificación de un fraude electoral para conservar el poder. Los partidos en oposición, como el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras, han manifestado inquietudes acerca de la claridad del proceso electoral.
Los dirigentes de estos entornos destacan un aumento en el descontento popular hacia LIBRE, el deterioro de su reputación y la impopularidad de su aspirante, Rixi Moncada. Asimismo, han reportado tácticas que indican un posible fraude, como el dominio parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación de votos en las primarias de marzo, la filtración controlada de las Fuerzas Armadas y las presiones a la prensa crítica. También se señala el empleo de extensas campañas de propaganda gubernamental y el uso de subsidios y fondos públicos para atraer votantes en áreas desfavorecidas.
Alegaciones de engaño y preocupaciones de los opositores
Las quejas formuladas por la oposición abarcan imputaciones de alteración de los resultados de las elecciones, uso del sistema judicial o amedrentamiento contra los aspirantes adversarios y jueces del CNE, control militar del proceso de votación y limitaciones a la libertad de prensa junto con un bloqueo digital masivo antes del día de los comicios. Además, existe el temor de que se proclame prematuramente un estado de excepción debido a posibles manifestaciones populares, al igual que la sospecha de que el gobierno podría intentar no reconocer los resultados electorales, invalidar mesas claves o detener el proceso de votación con pretextos relacionados con el orden público o la seguridad del país.
Reclamos sobre garantías y supervisión Global
Frente a esta situación, los grupos opositores han demandado la intervención temprana y efectiva de observadores de la OEA, la UE y otras entidades internacionales, una revisión externa del sistema de votación electrónico y compromisos claros del CNE para asegurar claridad, justicia y responsabilidad. Igualmente, han instado a la población a movilizarse pacíficamente para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde el nivel base.
La denuncia de un posible fraude ha elevado la tensión política y puesto en riesgo la estabilidad democrática del país. La ciudadanía observa con desconfianza un proceso en el que el árbitro electoral es percibido como parcial, y donde el oficialismo parece más enfocado en conservar el poder que en someterse a la voluntad popular. Existe la preocupación de que Honduras se enfrente a una crisis postelectoral, con consecuencias para la gobernabilidad, la economía y la paz social.
