El estado de la libertad de prensa en Honduras ha ganado notable importancia en tiempos recientes, reflejado en un aumento de situaciones de violencia, intimidaciones e impunidad hacia periodistas y medios. Distintos reportes y datos oficiales han revelado un ambiente cada vez más agresivo para el trabajo periodístico, donde la presión tanto institucional como económica se suma a actos directos de amedrentamiento y campañas de difamación.
En este escenario, los periodistas hondureños han enfrentado no solo amenazas físicas, sino también campañas de difamación pública y presiones legales, lo que ha socavado la autonomía de los medios y ha suscitado inquietud tanto en el ámbito nacional como internacional. La reacción de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos ha sido de monitoreo continuo y solicitudes para salvaguardar los derechos esenciales.
Riesgos, agresiones y falta de justicia para los periodistas
Desde el 2001 hasta finales de 2024, más de cien periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, con un nivel de impunidad que excede el 90 %. Las amenazas, el acoso y las restricciones en el ámbito digital se han establecido como las modalidades más recurrentes de violencia, afectando tanto a periodistas individuales como a medios de comunicación en distintas zonas del país. En los últimos años, se han reportado ataques a 64 medios, lo que evidencia patrones continuos de persecución y criminalización.
Las dificultades económicas que enfrentan los medios han afectado su funcionamiento y autonomía editorial, llevando a algunos a disminuir sus operaciones o incluso a cesar. La persecución judicial y la escasez de recursos han contribuido significativamente a esta fragilidad. Entidades internacionales han colocado a Honduras entre las naciones con ambientes más desfavorables para el periodismo en América Latina, ubicándolo en lugares bajos en los rankings mundiales de libertad de prensa.
En este contexto, instituciones tanto nacionales como internacionales han pedido al Gobierno de Honduras que asegure la protección de los periodistas y respete la libertad de expresión, viéndolos como componentes fundamentales para la democracia y el estado de derecho.
Iniciativas institucionales y reacción social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras emprendieron una campaña mediática contra periodistas críticos, empleando su medio oficial para desacreditar públicamente a destacados comunicadores. En una edición reciente de su publicación institucional, se destinaron varias páginas a señalar a tres periodistas, acompañando las imputaciones con imágenes y términos que los tachaban de enemigos del Estado, sin ofrecer pruebas concretas.
Este episodio generó una reacción inmediata del gremio periodístico y de organizaciones de derechos humanos, quienes condenaron la campaña y la calificaron como un ataque institucional sin precedentes desde las más altas esferas del poder militar y gubernamental. La comunidad periodística y diversos sectores de la sociedad hondureña han mantenido una postura de vigilancia, exigiendo transparencia y respeto a los derechos fundamentales, así como el cese de cualquier forma de intimidación contra la prensa independiente.
La situación del periodista Rodrigo Wong Arévalo, mencionado en un anuncio emitido por la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha captado el interés de la sociedad y ha provocado expresiones de apoyo de entidades tanto nacionales como internacionales. El anuncio, visto como amenazante, fue una respuesta a los comentarios de Wong Arévalo sobre supuestas anomalías en la utilización de fondos públicos. Diferentes sectores han remarcado que la tarea de informar y llevar a cabo una supervisión de las entidades es un componente fundamental de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha pedido al Estado que se evite hacer declaraciones que puedan amedrentar de manera directa o indirecta a periodistas y medios, enfatizando la responsabilidad del gobierno de salvaguardar la libertad de pensamiento y expresión. Situaciones como estas han sido vistas como un esfuerzo para limitar la tarea informativa y crítica del periodismo en el país, aumentando la inquietud sobre la utilización del poder estatal para restringir la actividad periodística en Honduras.
