La implementación obligatoria de la validación biométrica para usuarios de telefonía móvil en Honduras ha generado una controversia significativa en diversos ámbitos, incluyendo el político, legal y social. Esta medida, promovida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), establece que los ciudadanos deben validar sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para mantener activas sus líneas telefónicas. En caso de no cumplir con este requisito, se corre el riesgo de perder los números actuales, lo que ha provocado inquietud en la población y en distintos sectores.
El proceso de validación biométrica consiste en que los usuarios deben proporcionar una fotografía de su rostro junto con su Documento Nacional de Identificación (DNI), con el fin de verificar su identidad. Desde CONATEL se argumenta que esta iniciativa busca combatir delitos como la extorsión y el uso de líneas telefónicas anónimas, que dificultan la labor de las autoridades. Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos sobre su legalidad, transparencia y posibles implicaciones en la privacidad de los ciudadanos.
Debates legales y políticos sobre la autentificación biométrica
Varios representantes políticos y sociales han manifestado su inquietud por la legalidad y gestión de los datos biométricos obtenidos. El legislador Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha indicado que la acción carece de un soporte legal adecuado, describiéndola como «totalmente ilegal» y sugiriendo a la población que no acate la orden hasta que haya un marco jurídico claro que regule la recopilación y utilización de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta posición evidencia una controversia sobre la validez de la medida y la salvaguardia de derechos esenciales.
Por su parte, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones acerca del uso político potencial de los datos biométricos, especialmente en un año de elecciones. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la autoridad legal para manejar información biométrica, lo que cuestiona la capacidad de CONATEL para implementar esta propuesta. Estas críticas destacan la inquietud por la posible manipulación política de información sensible y la necesidad de asegurar la protección y privacidad de los ciudadanos.
En su respuesta, el presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha justificado la decisión indicando que es lícita, clara y respetuosa. También ha desmentido que la validación biométrica tenga propósitos electorales y ha puntualizado que el proceso es administrado por las compañías telefónicas, no directamente por el gobierno. Además, ha mencionado que no se está desarrollando una nueva base de datos estatal y que los datos recopilados no se usarán para objetivos diferentes a los especificados, intentando así eliminar las preocupaciones sobre el manejo de la información.
Visión y futuros pasos en la discusión sobre la autenticación biométrica
CONATEL ha sido llamada a presentarse ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025. Su objetivo es clarificar las bases técnicas y legales de la autenticación biométrica. Esta reunión será crucial para tratar inquietudes sobre la privacidad, la legalidad y la transparencia del procedimiento, y podría afectar la continuidad o ajuste de la iniciativa.
El público ha estado discutiendo intensamente en plataformas en línea y espacios cívicos, con numerosos participantes compartiendo su malestar y temor debido a la posible violación de su privacidad y la falta de transparencia en la aplicación. Algunos han señalado su deseo de no colaborar con la validación, poniendo en duda la habilidad de los responsables para suspender millones de líneas telefónicas sin causar un gran impacto en las comunicaciones nacionales.
