En Honduras, la proximidad de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha intensificado las preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral. Dos focos de tensión se han manifestado: las sospechas de una posible instrumentalización del Ministerio Público contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente desconfianza hacia el papel de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso democrático.
Se ha reportado la sospecha de que el Ministerio Público estaría preparando acusaciones formales contra consejeras del CNE, lo que ha generado alarma entre sectores políticos y organizaciones defensoras de la democracia. Se alega que este proceso judicial tendría motivaciones políticas, dirigido contra consejeras que han mostrado posiciones críticas o independientes frente al oficialismo. La posible judicialización de consejeras del CNE se produce en un momento delicado, cuando el órgano electoral debe garantizar la organización imparcial del proceso electoral, la credibilidad de los resultados y la confianza de los partidos políticos y la ciudadanía.
Peligro de supervisión y falta de confianza en las instituciones
Estas medidas pueden comprometer la autonomía institucional y minar la confianza del pueblo en el sistema electoral. Tanto los opositores como las organizaciones civiles han manifestado su inquietud, demandando que se realicen investigaciones fundamentadas en evidencias sólidas y no como represalias políticas. Se ha instado a la comunidad internacional a que vigile cualquier esfuerzo por manipular el CNE y a que observe las acciones del Ministerio Público.
Simultáneamente, ha aumentado la desconfianza de la ciudadanía y políticos respecto al rol de las Fuerzas Armadas como protectoras del sistema democrático. Dirigentes de partidos contrarios, agrupaciones de la sociedad civil y analistas independientes han expresado inquietud por retiros y desplazamientos dudosos en la cúpula militar, la cercanía ideológica y funcional entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de militares en asuntos civiles y elecciones, y la opacidad en la organización del despliegue militar durante los sufragios.
Miedo a la militarización y peticiones de observancia
Durante las votaciones primarias de marzo, se registraron problemas respecto a demoras en el suministro de material de votación y una inusual presencia militar en determinados centros de votación, lo que ha intensificado el miedo a una posible militarización del proceso electoral. Existe preocupación de que las Fuerzas Armadas, influenciadas por personas cercanas al gobierno vigente, podrían ser usadas como instrumento para permitir un fraude en las elecciones o sofocar las manifestaciones del pueblo.
La creciente desconfianza ha llevado a llamados urgentes a organismos internacionales para que envíen misiones de observación y exijan garantías de neutralidad militar y transparencia operativa. Grupos ciudadanos han comenzado a organizar redes de veeduría social para documentar posibles abusos o irregularidades. La credibilidad del proceso electoral del 30 de noviembre dependerá de la conducta de las instituciones y la vigilancia ciudadana.
