La Propuesta de Ley de Reforma Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso diálogo en la nación, debido a las posibles consecuencias en la economía y la producción nacional. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se plantea como un mecanismo para luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación del estado. No obstante, su contenido y alcance han sido comprendidos de distintas maneras por diversos agentes económicos y sociales.
El plan incluye la supresión de esquemas de exención fiscal, el incremento de los impuestos y la otorgación de más discrecionalidad al gobierno en la gestión de incentivos económicos. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como un indicio negativo para la inversión y la producción, lo cual ha provocado incertidumbre y preocupación en el ámbito económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el trabajo
Diversos gremios empresariales, cámaras de comercio e inversionistas nacionales y extranjeros han manifestado que el proyecto de ley podría tener efectos adversos sobre la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advierte que la aprobación de la ley en su forma actual podría reducir significativamente los flujos de inversión extranjera directa. Además, empresas de zonas francas y del sector agroindustrial estarían evaluando la posibilidad de retirarse del país o reducir sus operaciones, lo que impactaría directamente en el empleo formal y en la economía nacional.
Desde que el borrador de la normativa fue presentado, se ha informado acerca de la clausura de pequeñas y medianas compañías, concentrándose en mayor medida en los sectores de textiles, logística y exportación, operando previamente con exenciones tributarias. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir plantilla, aludiendo a la falta de certeza fiscal como uno de los motivos principales. Esta circunstancia amenaza con poner en peligro miles de puestos de trabajo y podría empeorar si el proyecto no sufre alteraciones o es paralizado. El COHEP también advierte que la economía podría enfrentar una desaceleración significativa en el año posterior a que la normativa entre en vigencia, y que el alza en el desempleo y la informalidad se convertirían en consecuencias ineludibles de su implementación.
Escenario regional, político y discusión sobre la equidad fiscal
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria también tiene lugar en un entorno político y regional particular. La supresión de los incentivos fiscales podría distanciar a Honduras de las políticas que han ayudado a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana a conservar regímenes que atraen inversiones y garantizan estabilidad fiscal, vistos como elementos esenciales para su competitividad. Esta situación podría influir en la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a nuevos inversores como a los existentes, quienes podrían considerar mover su capital a países con condiciones más propicias para el crecimiento empresarial.
El contexto político e ideológico ha influido en la percepción del proyecto, ya que algunos sectores empresariales interpretan el discurso oficial del gobierno como contrario al empresariado y alineado con modelos económicos que han implicado transformaciones estructurales en otros países de la región. Esto incrementa el temor a una posible reconfiguración del modelo económico nacional sin un plan técnico o una visión clara de sostenibilidad.
En contraposición, los partidarios de la Ley de Equidad Fiscal sostienen que las exenciones de impuestos han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del gobierno para financiar iniciativas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Conforme a cifras gubernamentales, el 92 % de las exenciones se centra en el 10 % de las empresas más adineradas, mientras que el 90 % de las restantes empresas solo recibe el 8 % de estos beneficios. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado dejó de ingresar 455 mil millones de lempiras a causa de estos esquemas.
El plan no introduce nuevas contribuciones ni eleva las tasas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la captación de impuestos directos de grandes compañías y patrimonios, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación tributaria. No obstante, la supresión de esquemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este régimen. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un enorme reto financiero
El debate en torno a la Ley de Equidad Fiscal sigue en marcha y es un tema divisivo. Algunos opinan que esta ley podría establecer un sistema impositivo más justo e igualitario, mientras que otros señalan que su implementación podría intensificar la crisis económica, incrementar el desempleo y causar la fuga de inversiones. La resolución que tome el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.
