Varios representantes del sector privado en Honduras manifestaron inquietud frente a la potencial aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta del Gobierno que está en discusión en el Congreso y que, según sus estimaciones, podría modificar de manera considerable el panorama económico nacional. Las advertencias surgen en un entorno caracterizado por la ralentización económica y las crecientes exigencias sociales, lo que ha intensificado la discusión acerca del rol estatal en temas fiscales.
Perspectiva corporativa frente a la propuesta del gobierno
La iniciativa de ley, promovida por el gobierno como una forma de eliminar beneficios fiscales y mejorar la justicia en los impuestos, ha recibido fuertes críticas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y de otros sectores económicos. Según estos grupos, la propuesta impactaría de manera negativa en la inversión privada, los empleos formales y el costo de vida nacional.
Un portavoz del COHEP indicó que, si se implementara, la normativa podría crear un ambiente poco amigable para la inversión, resultando en una serie de efectos que incluyen despidos masivos, inflación y traslado de empresas hacia economías con mayor estabilidad regulatoria. Las críticas se enfocan principalmente en la eliminación de beneficios fiscales que, según los empresarios, han sido cruciales para el desarrollo de sectores como las zonas francas, la agroindustria y la manufactura.
Impactos previstos en el empleo, los precios y la competitividad
El área corporativa señaló tres impactos clave que, en su opinión, surgirían con la aplicación de esta normativa:
- Disminución del empleo formal: las compañías que ahora operan bajo regímenes especiales de exención podrían verse forzadas a reducir su personal o a cesar sus operaciones debido al aumento de sus gastos. Las áreas económicas en mayor riesgo serían las enfocadas en la exportación y aquellas situadas fuera de los principales núcleos urbanos.
- Aumento en el costo de vida: el cambio en la estructura impositiva, según estimaciones privadas, llevaría a un incremento en los precios de bienes básicos como alimentos, medicamentos, transporte y servicios esenciales. Esto impactaría sobre todo a los grupos de menores ingresos, ya que los nuevos costos se trasladarían al comprador final.
- Éxodo de capital y talento: una inquietud adicional es la posible migración de empresas e inversiones hacia naciones cercanas con regulaciones percibidas como más estables. Esta tendencia, alertan, pondría en riesgo el desarrollo económico a mediano y largo plazo, además de causar una pérdida considerable de empleo calificado.
Demandas de conversación y análisis legislativo
En este contexto, diversas industrias solicitaron al Congreso Nacional detener el avance de la ley hasta no establecer espacios para un diálogo técnico y participativo. Los representantes del ámbito privado expresaron que una reforma fiscal necesita un amplio consenso y un análisis de impacto, especialmente en un escenario económico caracterizado por una elevada informalidad y escasa recaudación.
Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse sobre el contenido de la propuesta y a exigir que las decisiones en materia fiscal no afecten las fuentes de empleo ni la competitividad nacional. “Lo que está en juego no es un privilegio, es el sustento de miles de familias”, expresó un representante empresarial.
Desafíos institucionales y problemas fiscales
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se desarrolla en un entorno de fricción entre el gobierno y grupos económicos organizados, poniendo de relieve un conflicto fundamental acerca del modelo de desarrollo que el país debería adoptar. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de ajustar los sistemas fiscales para disminuir la desigualdad y elevar los ingresos del Estado, el sector privado señala los riesgos de implementar una reforma sin acuerdo técnico ni certeza de seguridad jurídica.
Este episodio evidencia los desafíos que enfrenta Honduras para equilibrar sus objetivos de justicia tributaria con la necesidad de mantener condiciones propicias para la inversión, el empleo formal y la estabilidad económica. En un entorno marcado por la desconfianza institucional y la polarización política, el debate en torno a esta ley pone en relieve la urgencia de construir mecanismos de concertación y diálogo social sostenido.
