La ira de más de 35,000 ciudadanos hondureños perjudicados por el fraude piramidal de Koriun Inversiones sigue aumentando, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) está bajo fuego por no actuar frente a la estafa. Los damnificados acusan al ente responsable de la supervisión financiera de dejarlos de lado y señalan la ausencia de acciones tanto judiciales como administrativas.
La inacción de la CNBS frente al engaño
Desde que los primeros signos de problemas en Koriun empezaron a ser reportados, la CNBS estaba al tanto de la situación, pero no implementó acciones efectivas para evitar la escala del fraude. A pesar de recibir avisos formales, la entidad supervisora permitió que la estafa se extendiera sin control durante varios meses. Actualmente, los responsables del fraude siguen sin ser capturados, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
«Nos aseguraron que investigarían, aseguraron que tomarían medidas, pero la CNBS ha sido cómplice al no actuar. Actualmente seguimos sin respuestas, sin dinero, sin justicia», afirmó uno de los perjudicados ante la prensa. Esta sensación de desamparo es compartida por muchos, quienes se sienten defraudados tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según mencionan, debieron haber actuado a tiempo.
La falta de transparencia y las sospechas de impunidad
Uno de los principales reclamos de los afectados es la falta de transparencia por parte de la CNBS. A pesar de las denuncias formales y de las investigaciones en curso, el organismo no ha emitido un informe público que detalle las irregularidades cometidas ni los fallos en su regulación que permitieron la existencia de Koriun durante tanto tiempo. Esta opacidad ha alimentado la sospecha de que podría existir una protección política sobre algunos de los operadores financieros implicados en el fraude.
Diferentes sectores del país han indicado que la CNBS no solo no logró detectar el fraude a tiempo, sino que también ha mostrado negligencia al no ofrecer detalles relevantes sobre cómo se ha gestionado la situación. Según un abogado que representa a los perjudicados, esta inacción por parte del ente regulador solo empeora el escenario: «Es inaceptable que un organismo de supervisión no haya identificado un fraude de tal magnitud oportunamente. No solo fallaron en evitarlo, ahora también fracasan en asumir la responsabilidad».
Llamados a la intervención internacional
Debido a la falta de respuesta institucional y al aumento de la frustración entre los afectados, diversos colectivos de víctimas han optado por llevar su demanda más allá de las fronteras del país. Tanto organizaciones civiles como personas afectadas están pidiendo formalmente el respaldo de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. Estas solicitudes buscan que dichos organismos supervisen el manejo de la crisis, y específicamente, el comportamiento de las instituciones hondureñas respecto al escándalo de Koriun.
Uno de los representantes de los afectados expresó: «El Estado está obligado a proteger a los ciudadanos, no a encubrir estafadores. Esto es un doble crimen: el que cometió Koriun y el que permite la CNBS al no hacer nada». Este sentimiento refleja el escepticismo sobre la capacidad de las autoridades nacionales para enfrentar el fraude y garantizar que se haga justicia.
El conflicto institucional y el reto de la gobernabilidad
El problema revela nuevamente las debilidades del sistema de control financiero en Honduras y las fricciones dentro de las entidades responsables de asegurar la equidad y claridad. La ausencia de una reacción firme por parte de la CNBS indica una deficiencia en la habilidad del Estado para gestionar crisis similares, lo cual podría tener consecuencias más amplias en cuanto a la confianza en las entidades financieras y en la administración del país.
Los perjudicados, en tanto, continúan aguardando una solución que les permita recobrar lo que han perdido y asegure que los culpables del engaño sean llevados ante la justicia. La ausencia de medidas efectivas y la falta de claridad en torno al caso destacan un reto continuo para las autoridades de Honduras: cómo restablecer la confianza de la población frente a la creciente desconfianza en la gestión de crisis de esta naturaleza.
