En Honduras, a escasos seis meses de los comicios generales, expertos en la materia han presentado una sugerencia específica para mejorar la claridad en el proceso electoral: implementar dispositivos de geolocalización GPS en todas las maletas que llevarán los materiales de votación. Esta iniciativa pretende asegurar el monitoreo en tiempo real de los kits desde que salen del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta que regresan para el conteo de votos.
La propuesta emerge en un entorno caracterizado por la desconfianza pública y las continuas tensiones políticas, donde varios grupos han manifestado inquietud por un posible deterioro de las protecciones institucionales y un paisaje conflictivo después de las elecciones.
Propuesta tecnológica con contexto regional
El enfoque, apoyado por especialistas en tecnología electoral, incluye la utilización de dispositivos GPS para supervisar cada maleta durante todo el proceso logístico. Según el ingeniero en sistemas Marvin Mejía, esta implementación permitiría determinar con exactitud el recorrido de los materiales y identificar desviaciones o demoras que puedan poner en riesgo la cadena de custodia.
Se han implementado experiencias similares en procesos de elecciones en naciones como México, Colombia y República Dominicana. En estas situaciones, el empleo del GPS ha sido dirigido a evitar problemas como pérdidas, alteraciones del contenido o movimientos no autorizados.
Desde un punto de vista operativo, los expertos dicen que la tecnología tiene un costo reducido —con aparatos que cuestan entre 15 y 30 dólares— y es sencilla de integrar en sistemas de monitoreo móviles, lo que facilitaría el acceso tanto para fiscales partidarios como para observadores tanto nacionales como internacionales.
Demandas desde la sociedad civil
El planteamiento ha sido adoptado como una demanda por organizaciones cívicas dedicadas a la vigilancia electoral. Transparencia Electoral, Red de Observadores y la Fundación para la Democracia han pedido al Consejo Nacional Electoral que integre sin demora esta tecnología en su planificación de gastos y la establezca como un elemento obligatorio en el procedimiento.
Las organizaciones afirman que la iniciativa ayudaría a restaurar la confianza en la gestión del proceso electoral, debido a varias acusaciones de irregularidades en los pasados comicios. Por ello, opinan que rehusarse a implementar este método podría ser visto como una falta de compromiso institucional para asegurar elecciones justas.
“Si el CNE lo rechaza, estará transmitiendo el mensaje más negativo imaginable: que no desea que la ciudadanía observe lo que sucede entre el momento de votación y el registro final”, manifestó un abogado experto en legislación electoral relacionado con iniciativas de vigilancia ciudadana.
Situación política y miedos de estafa
El debate tiene lugar en un contexto de intensificada división política, con diversos grupos opositores y actores sociales advirtiendo sobre el escenario en el que se llevará a cabo el siguiente evento electoral. Algunos de los factores que incrementan esa inquietud incluyen la continuidad del estado de excepción, que limita ciertos derechos básicos, y la acumulación de poder que, según varias opiniones, podría estar reduciendo los controles democráticos.
Dirigentes de la oposición han indicado que se están limitando los mecanismos de supervisión institucional, lo cual «según su perspectiva» podría facilitar manipulaciones logísticas o cambios lejos del control público. «No se triunfa en una elección si las urnas se alteran en secreto», afirmó una fuente internacional con experiencia en observación electoral, mencionada por medios de la región.
Ante esta situación, los defensores argumentan que supervisar mediante GPS sería una opción económica que podría reducir los riesgos de desconfianza o conflictos después de las elecciones. La asesora electoral Karen Pineda destacó que «es un gasto mínimo en comparación con el costo de una crisis electoral posterior».
Un desafío de institucionalidad y confianza
La propuesta de incorporar GPS a las maletas electorales pone de relieve los desafíos que enfrenta Honduras en materia de confianza pública e integridad electoral. En un contexto donde las condiciones institucionales son objeto de cuestionamientos, el debate sobre este tipo de medidas adquiere una dimensión que trasciende lo técnico.
A medida que se aproxima la jornada electoral, el sistema político de Honduras se enfrenta a un dilema importante: fortalecer sus mecanismos de control y transparencia, o seguir operando en un ambiente de desconfianza y tensiones. La reacción del CNE a esta propuesta será vista como una señal del compromiso institucional con la legitimidad del proceso.
