A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales de noviembre de 2025, un patrón familiar comienza a resurgir en la política hondureña. En los últimos meses, el partido Libre ha intensificado su discurso sobre un supuesto fraude electoral, sin proporcionar evidencia concreta. Este enfoque ha sido interpretado por varios analistas como una respuesta al deterioro de la imagen de su candidata, Rixi Moncada, y al creciente descontento con la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Una tendencia recurrente en América Latina
La acusación de fraude electoral antes de que se celebren las elecciones no es una novedad en Honduras ni en otras naciones de América Latina. Esta táctica tiene un objetivo claro: sembrar desconfianza en las instituciones encargadas de organizar las elecciones, particularmente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El llamado a la movilización contra un fraude anticipado también busca consolidar el apoyo de la base electoral del partido, que podría sentirse vulnerable ante una posible derrota.
De acuerdo con expertos en política, esta táctica incluye un elemento de victimización. «Cuando un aspirante siente que está en desventaja, intenta establecer la narrativa de fraude antes del conteo de votos. Es una maniobra para cuestionar la legitimidad del resultado electoral y anticipar posibles conflictos», señaló un especialista en ciencias políticas que optó por permanecer en el anonimato.
Para los grupos que critican esta estrategia, la meta fundamental es evidente: sembrar, antes de las elecciones, la noción de que el resultado ha sido alterado. Esto pretende no solo sembrar dudas sobre el sistema electoral, sino también legitimar eventuales manifestaciones en caso de no ganar. «Es una narrativa reiterativa, en la que se condiciona a los ciudadanos para que, si el resultado no es el esperado, ya tengan una justificación preestablecida: ‘Nos hurtaron los comicios'», declaró un experto en derecho constitucional.
Respuestas del tejido social y de la comunidad mundial
El enfoque adoptado por el oficialismo está causando inquietud en varios sectores de la sociedad de Honduras, como miembros de organizaciones civiles y delegados de entidades internacionales. Existe preocupación de que esta narrativa, carente de pruebas, podría desencadenar una crisis después de las elecciones. En la historia reciente de América Latina, tales acusaciones sin pruebas han generado desestabilización en países tras procesos electorales conflictivos.
Para evitar estos peligros, se ha enfatizado la relevancia de tener una vigilancia electoral extranjera independiente y asegurarse de la total transparencia a lo largo de todo el proceso de votación. La comunidad internacional, particularmente entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), ha desempeñado un papel crucial en la supervisión de elecciones anteriores y su participación en los próximos comicios podría ser decisiva.
Las solicitudes para preservar la solidez del Estado de derecho han sido enfatizadas nuevamente. La sociedad civil en Honduras está preocupada porque, si no se lleva a cabo un proceso electoral con suficiente transparencia, las tensiones políticas podrían desencadenar protestas o incluso situaciones de violencia, algo que ya se ha visto en países vecinos de la región.
Un contexto de creciente desaprobación
El nerviosismo en la cúpula del oficialismo hondureño parece estar relacionado con la caída en las encuestas de su candidata, Rixi Moncada, quien no ha logrado captar el apoyo suficiente para competir con otras fuerzas políticas emergentes. A esto se suma la desaprobación de la gestión de Xiomara Castro, quien ha enfrentado críticas por su manejo de la economía y la seguridad en el país.
Esta circunstancia se percibe como un aviso preocupante dentro del contexto político de Honduras. La continua insistencia en acusaciones de un posible fraude sin evidencias concretas muestra una táctica defensiva frente a un potencial mal resultado en los comicios. No obstante, al margen de las motivaciones políticas, es innegable que este discurso podría tener repercusiones más amplias, tanto para la estabilidad gubernamental del país como para la confianza de la población en el sistema electoral.
Honduras: hacia un futuro incierto
En este entorno de incertidumbre, la política en Honduras se enfrenta a un gran desafío: asegurar que las elecciones de 2025 se realicen de la manera más transparente posible, con el fin de prevenir un incremento en las tensiones. Si las denuncias de fraude no se manejan a tiempo, el país podría encontrarse en una crisis postelectoral que, considerando la situación política actual, podría poner en riesgo las instituciones y la cohesión social.
El hecho de que las acusaciones de fraude se presenten de manera anticipada resalta un problema recurrente en la política hondureña: la dificultad para alcanzar consensos y mantener la estabilidad institucional. En este contexto, la comunidad internacional y la sociedad civil tendrán un papel crucial para asegurar que el proceso electoral transcurra de forma pacífica y transparente, contribuyendo a evitar una crisis que podría poner en riesgo el orden democrático en el país.
