Cerca de un año después de que se divulgara el controvertido video de narcotráfico, que involucra al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, con traficantes de drogas, las autoridades judiciales del país no han mostrado signos de progresos significativos en la indagación. El caso sigue estancado, lo que alimenta las dudas sobre una justicia parcial en el país y plantea interrogantes sobre la autonomía y la efectividad del Ministerio Público.
La falta de justicia en el asunto de Carlos Zelaya
El video que desató el escándalo fue publicado en 2024 por el portal de investigación InSight Crime y otros medios de comunicación. En él, se observa a Zelaya en una reunión en la que negocia aportes económicos para la campaña del partido LIBRE junto a individuos identificados como narcotraficantes. A pesar de la gravedad de las imágenes y la renuncia de Zelaya al Congreso, no ha habido avances significativos en las investigaciones ni en los procesos judiciales.
El asunto ha provocado un aumento en la inquietud sobre la neutralidad del sistema judicial en Honduras, fundamentalmente debido a la comparación con otros procesos notables que han sido llevados a cabo de forma expedita. Este es el caso del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, quien fue acusado de aceptar sobornos del cártel de Los Cachiros y prontamente enfrentó juicio tras la difusión de videos comprometidos.
Respuestas de los ciudadanos y representantes políticos
Diversos sectores civiles y políticos han expresado su desconcierto y malestar por la inacción del Ministerio Público ante el caso de Carlos Zelaya. Desde la sociedad civil hasta líderes políticos, muchos exigen que la justicia no se aplique de manera diferenciada, sino que se investigue al mismo ritmo a Zelaya que a otros implicados en casos similares. El exfiscal Edmundo Orellana ha señalado que la fiscalía, encabezada por Johel Zelaya, está en deuda con la ciudadanía por no actuar con la misma celeridad con la que se gestionaron otros procesos judiciales de alto impacto.
Además, entidades como InSight Crime señalan que Honduras enfrenta un desequilibrio en la justicia, donde las personas vinculadas al gobierno parecen estar por encima de la ley, en contraste con los críticos y figuras independientes, quienes enfrentan un trato más severo. Esta percepción de imparcialidad debilita la confianza en el sistema judicial, el cual se pone en tela de juicio por no aplicar la ley de manera imparcial.
La petición para establecer la CICIH
La falta de avances en el caso de Zelaya subraya una problemática más amplia en el país: la necesidad urgente de crear un organismo anticorrupción independiente y de alcance internacional. Aunque la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) fue propuesta como una solución para frenar la corrupción sistémica, su implementación ha sido detenida en el Congreso, donde se han encontrado obstáculos políticos para su creación.
Este parón ha suscitado críticas tanto en Honduras como a nivel internacional. Entidades internacionales y analistas políticos están de acuerdo en que la ausencia de un ente global que vigile los procedimientos judiciales y rectifique posibles parcialidades internas favorecerá la continuidad de la impunidad. La presión popular aumenta, acompañada del pedido para establecer la CICIH, vista como un recurso esencial para recuperar la confianza en el sistema judicial del país.
La urgencia de progresos en el sistema judicial
La falta de avances en la investigación del narco video de Carlos Zelaya pone de relieve las profundas tensiones que atraviesan las instituciones judiciales de Honduras. La percepción de que la justicia es selectiva y parcial está socavando la legitimidad de las autoridades encargadas de velar por el estado de derecho. La comunidad internacional y los actores nacionales insisten en que, si no se avanza con transparencia, el sistema judicial hondureño continuará siendo visto con escepticismo. En este contexto, la creación de la CICIH y una verdadera reforma judicial parecen ser fundamentales para garantizar que los casos de alto impacto político no se queden en la impunidad.
