La reciente propuesta de ley en Honduras, impulsada por parlamentarios del Partido LIBRE, ha desatado un gran debate en el ámbito político y económico del país. Estos representantes intentaron de forma expedita y sin consenso implementar la Ley de Justicia Tributaria, una iniciativa que ha generado discusión debido a sus posibles efectos en la inversión y el empleo. La estrategia intentaba aprovechar la ausencia parcial de parlamentarios de oposición para lograr la aprobación en el último debate, sin embargo, la falta de quórum y la respuesta de los opositores impidieron que esta acción se lograra.
Sistema y reacciones en relación con la normativa de equidad fiscal
El intento de implementar rápidamente la Ley de Justicia Tributaria por parte de los legisladores del Partido LIBRE fue visto como un esfuerzo para establecer una agenda fiscal sin el acuerdo necesario. La táctica consistía en aprovechar un momento en que parte de la oposición no estaba presente en el parlamento para aprobar la ley en su tercera y última discusión. No obstante, esta acción no se llevó a cabo debido a la ausencia de quórum y a la pronta reacción de los legisladores opositores que impidieron la votación. Este suceso ha puesto de manifiesto la división política en el Congreso de Honduras y la resistencia de la oposición a una ley que consideran dañina para el país.
El rechazo a la Ley de Justicia Tributaria no solo proviene del ámbito político, sino también de sectores empresariales y gremiales. Empresarios y representantes de gremios productivos han expresado su preocupación por las consecuencias que podría tener esta ley, señalando que podría desalentar la inversión tanto nacional como extranjera, lo que a su vez podría derivar en el cierre de miles de empresas y un aumento en las tasas de desempleo. Además, existe una alerta sobre la posibilidad de que esta normativa contribuya a una centralización del poder económico en manos del Estado, lo que generaría un impacto significativo en la dinámica económica del país.
Movilización ciudadana y perspectivas futuras
La respuesta de la sociedad ante el intento infructuoso de sancionar la Ley de Justicia Tributaria ha sido rápida, con grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más claridad, una discusión pública extensa y el cumplimiento de los procedimientos legislativos vigentes. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la imposición de una normativa que consideran perjudicial para millones de personas, resaltando que sin un apoyo mayoritario no hay un mandato legítimo para su sanción.
Con respecto a las acciones futuras, los opositores han declarado que seguirán presionando para impedir cualquier intento de aprobación que no respete los procedimientos legales y democráticos. Por otro lado, el Partido LIBRE intenta reorganizar sus alianzas para tratar de aprobar nuevamente la ley. De esta manera, el conflicto por la Ley de Justicia Tributaria sigue vigente, mostrando la complejidad del debate fiscal y político en Honduras y la relevancia de alcanzar acuerdos que incluyan las distintas opiniones del país.
