El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado una intensa discusión entre el sector privado, organizaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La iniciativa de reforma fiscal, promovida por el actual gobierno, ha sido vista por líderes empresariales como una amenaza directa a la estabilidad laboral y la continuidad de numerosas empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de beneficios fiscales que han sido cruciales para el desarrollo de sectores como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo que, según los empresarios, podría llevar a una serie de cierres y despidos masivos, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
El efecto esperado de la reforma no solo abarca el sector empresarial, sino que también se extiende a la economía de las familias y al entramado social de Honduras. Expertos y dirigentes de gremios alertan que la disminución de la actividad económica, junto con la salida de compañías, podría resultar en un incremento del desempleo estructural, un aumento de la informalidad, migración obligada y un colapso en el consumo interno. Esta situación se complica ante la coyuntura actual del país, donde más de un millón de personas buscan un trabajo honroso y la informalidad laboral impacta a una parte considerable de la población.
Impactos de quitar beneficios fiscales y el peligro para el trabajo
La normativa de Equidad Fiscal incluye la remoción de esquemas de deducciones y beneficios tributarios, impactando a más de una decena de sectores económicos, tales como parques libres, turismo, energía alternativa y producción manufacturera. De acuerdo con cifras del ámbito empresarial, actualmente más de 400.000 trabajos directos y más de un millón de trabajos indirectos dependen de estos esquemas, especialmente en la cadena de abastecimiento y exportaciones agrícolas e industriales. La eliminación de estos estímulos podría causar el cierre de fábricas, talleres, comercios y propiedades tanto en áreas urbanas como rurales, dejando sin trabajo formal a miles de ciudadanos hondureños y elevando la presión sobre el mercado laboral informal.
El estudio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que la reforma tributaria tendría un efecto adverso en áreas como el turismo, la industria manufacturera y la agroindustria. Por ejemplo, en el sector manufacturero se prevé que podrían peligrar 40.000 puestos de trabajo y más de 733 millones de dólares en exportaciones, mientras que en el ámbito turístico, el impacto podría causar la pérdida de miles de empleos tanto directos como indirectos, además de una reducción considerable en la inversión y los salarios. Asimismo, el incremento de los costos operativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, pondría en riesgo su supervivencia en el mercado, lo que agravaría la problemática del desempleo y el subempleo en el país.
Impacto social y soluciones diferentes del ámbito privado
La influencia social de la modificación se anticipa como inalterable, con el peligro de incrementar la miseria, el éxodo forzado y la falta de confianza tanto a nivel nacional como internacional. La expansión del sector informal y la disminución de empleos con seguridad social pueden empeorar las condiciones de vida y la recaudación tributaria, impactando a toda la sociedad hondureña. La inquietud de los emprendedores se extiende al efecto de cadena sobre la estabilidad social, alertando que la eliminación de trabajos podría empobrecer aún más al país.
Frente a esta situación, la iniciativa privada ha planteado opciones, como bajar el Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con la intención de dejar más ingresos en los bolsillos de los ciudadanos hondureños, incentivar la economía y crear empleo. También proponen que, en vez de eliminar los incentivos para todos los sectores, se lleven a cabo auditorías y controles a las empresas libres de impuestos que presenten irregularidades, utilizando las facultades que ya permite la normativa actual. El sector empresarial hace énfasis en la importancia del diálogo y de la consulta con todos los actores productivos antes de implementar una reforma que podría tener impactos irreversibles en el progreso económico y social del país.
La discusión respecto a la Ley de Justicia Tributaria sigue candente, con insistentes solicitudes al Congreso Nacional para que examine detenidamente el contenido de dicha ley y evite resoluciones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, tales como el desempleo, la pobreza y la migración.
