En medio de una creciente división institucional, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, sugirió la opción de remover a los diputados opositores y crear un parlamento alternativo si continúa el bloqueo a las propuestas del partido en el poder. Durante una sesión en el pleno, estas palabras generaron una fuerte reacción crítica de las fuerzas opositoras y diferentes sectores políticos y legales del país.
Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte sobre acciones fuera de lo común
Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo y miembro del oficialismo, Libertad y Refundación (LIBRE), mostró su descontento ante lo que percibe como un bloqueo continuo por parte de la oposición a las iniciativas promovidas por su grupo. “No es aceptable que una minoría obstaculice la voluntad del pueblo”, afirmó, añadiendo que se implementarán “acciones decisivas” para asegurar el funcionamiento del Congreso.
En su discurso, Redondo puso en duda la función de los bloques opositores al gobierno actual y propuso que una alternativa sería la «limpieza» del Parlamento. Aunque no especificó métodos legales o procedimentales, su advertencia incluyó la formación de un Congreso paralelo si las circunstancias actuales impiden progresar con la agenda legislativa del Ejecutivo.
La oposición acusa intento de acaparamiento de poder
Los grupos del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros conjuntos no gobernantes respondieron rápidamente, describiendo las afirmaciones como un intento de “golpe legislativo” dirigido a concentrar el poder en beneficio del Ejecutivo. El congresista Tomás Zambrano señaló que Redondo actuaba con autoritarismo: “Este es un intento desesperado por conseguir un poder ilimitado para LIBRE. No lo permitiremos”, declaró.
En el mismo tono, el abogado especializado en derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, señaló la ilegalidad de intentar establecer un organismo legislativo paralelo, indicando que tal acción violaría los principios fundamentales del Estado de derecho. Según su análisis, dicha amenaza pone en riesgo los balances institucionales establecidos en la Constitución de Honduras y podría llevar a una significativa crisis institucional.
Conflictos legales y solicitudes de supervisión internacional
La advertencia de Redondo se une a una serie de eventos recientes que han generado tensiones en el Congreso Nacional. Entre estos, se encuentra la aprobación de leyes sin las actas adecuadas y el empleo de mecanismos legislativos controvertidos, como sesiones convocadas de manera irregular. Uno de los temas más delicados ha sido el impulso de la Ley de Justicia Tributaria, la cual ha sido rechazada por múltiples sectores económicos y políticos debido a su contenido y metodología.
Expertos en política notan un cambio hacia una táctica más conflictiva por parte del gobierno, la cual intenta dejar a la oposición aislada antes de las elecciones generales. Esta situación, según indican, podría llevar a contextos de inestabilidad en las instituciones, alejándose de los procedimientos legales establecidos en la Constitución.
Frente a esta situación, varios actores políticos y sociales han pedido la intervención o el monitoreo constante de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y entidades diplomáticas. Un colectivo de juristas manifestó en una declaración conjunta que lo que está en juego no es solo la aprobación de una normativa, sino la misma existencia de la separación de poderes y del sistema democrático.
Un Congreso en disputa y el desafío de la institucionalidad
Las afirmaciones del líder del Parlamento inician un capítulo novedoso en la complicada interacción entre el partido gobernante y los grupos opositores en Honduras. La advertencia de modificar la estructura del Congreso o crear un órgano paralelo marca un punto decisivo en la convivencia política nacional, con consecuencias que van más allá de lo meramente legislativo.
La situación actual destaca las dificultades continuas de gobernanza en un entorno donde las tensiones entre autoridades, la debilidad institucional y la polarización afectan el avance democrático. En este marco, la importancia de los mecanismos de control constitucional y la vigilancia ciudadana se convierten en factores cruciales para mantener el balance entre la representación política y el respeto a las leyes del Estado de derecho.
