La dinámica política en Honduras alcanza un punto crítico a pocos días de las elecciones generales de 2025. El partido oficialista LIBRE ha desplegado una serie de acciones que combinan intervenciones institucionales, movilización social masiva y estrategias de presión política, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad democrática y social del país.
Participación de las instituciones y supervisión de la contienda electoral
Durante las últimas semanas, LIBRE ha promovido medidas que diversos analistas y líderes opositores consideran fuera del marco legal. Entre ellas se incluye la instalación de una comisión permanente en el Congreso Nacional sin respaldo normativo, así como intentos de inhabilitación de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas acciones buscan, según fuentes opositoras, asegurar la influencia del oficialismo en el desarrollo del proceso electoral ante la posibilidad de que su candidata presidencial, Rixi Moncada, enfrente una derrota. Expertos en derecho constitucional señalan que estas maniobras afectan la independencia de las instituciones, la transparencia de los comicios y la legitimidad de los poderes democráticos.
Movilización social y preparación para posibles confrontaciones
A partir del 9 de noviembre de 2025, LIBRE ha iniciado una movilización permanente que congrega a miembros de los 18 departamentos de la nación. De manera oficial, esta iniciativa tiene como objetivo exponer un presunto esquema de fraude orquestado por los partidos tradicionales, lo que incluye acusaciones de sabotaje logístico y alteración del sistema de transmisión de resultados (TREP).
Analistas políticos señalan que la estrategia cumple un doble propósito: por un lado, presionar a la CNE, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas; por otro, preparar un despliegue posterior a los comicios en caso de que los resultados no favorezcan al oficialismo, bajo la narrativa de “resistencia frente a un robo electoral”. Este escenario eleva la posibilidad de disturbios, confrontaciones y violencia organizada, según observadores nacionales e internacionales.
Posibilidad de un aumento hacia una convulsión social
La fusión de acciones institucionales y agitación ciudadana ha propiciado un ambiente de inestabilidad que permea diversas esferas sociales. Grupos de oposición señalan hostigamiento, amedrentamiento y coacciones, al tiempo que la población expresa inquietud ante la eventualidad de conflictos y disturbios generalizados.
Expertos internacionales advierten sobre el surgimiento de fuerzas paralelas de seguridad y la potencial desestabilización de la vida institucional. Señalan que, de no mediar mecanismos de control y supervisión, Honduras podría enfrentar una crisis que comprometa la gobernabilidad, la participación ciudadana y la estabilidad de las instituciones.
Garantías democráticas y llamado a la estabilidad
La población y diversas entidades de la sociedad civil exigen garantías de claridad en los comicios y autonomía de las instituciones, al tiempo que la esfera internacional sigue de cerca el curso de los sucesos. El escenario presente resalta la urgencia de acciones que mantengan la independencia de las ramas del gobierno y la fiabilidad de los procedimientos democráticos, en una situación donde la división política y la agitación social se relacionan directamente con la posibilidad de conflicto y caos.
En este escenario, la situación de Honduras refleja tensiones profundas entre la gobernabilidad, la legitimidad institucional y la participación ciudadana, planteando desafíos inmediatos para la consolidación de un proceso electoral confiable y la protección de la estabilidad social.
