Diez meses después de la divulgación del video que vincula a una figura clave del entorno presidencial con el narcotráfico, la Fiscalía de Honduras continúa sin ofrecer resultados concretos. La inacción del Ministerio Público ante un escándalo que involucra al círculo más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha intensificado la presión política y alimentado una creciente desconfianza en las instituciones.
La fiscalía no proporciona explicaciones precisas en un caso de gran repercusión
Desde que en septiembre de 2024 se difundiera el video conocido como el “narcovideo” donde aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha emitido acusaciones formales ni avances procesales verificables. En la grabación, los interlocutores ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que hoy gobierna.
Luego de la filtración, Carlos Zelaya dimitió de su posición como diputado y secretario del Congreso Nacional. Igualmente, su hijo, José Manuel Zelaya, renunció a su rol de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, líder del grupo oficialista, también ofreció su dimisión. No obstante, aparte de estas renuncias, no se han tomado medidas legales específicas.
El Ministerio Público ha informado que el caso se encuentra “en análisis”, con solicitud de asistencia jurídica a Estados Unidos para obtener el video completo y documentación relacionada con juicios previos. No obstante, a la fecha no se conocen resultados de dichas gestiones, ni se ha presentado un cronograma público de investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video provocó una serie de respuestas de varios ámbitos. La mandataria Xiomara Castro rechazó cualquier asociación de figuras políticas con organizaciones delictivas, aunque describió la divulgación como un esfuerzo por desestabilizar su administración con vistas a los comicios de 2025.
Sin embargo, para grupos anticorrupción y facciones opositoras, la controversia ha cuestionado la honestidad del plan político de LIBRE. Diversos individuos han demandado incluso la dimisión de la presidenta, alegando que la situación contradice su promesa de romper con el pasado y combatir el narcoestado.
Estas posiciones muestran un incremento de la tensión en el entorno político nacional, donde las demandas para aclarar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional vista como deficiente. La carencia de medidas concretas del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos relacionados con individuos próximos al poder.
Debilitamiento institucional en un escenario de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un incidente solitario. Se añade a una serie de controversias recientes que han mermado la confianza pública en las promesas de transformación presentadas por el gobierno de Castro. La ausencia de respuestas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma determinación cuando los involucrados son parte del oficialismo.
Con los comicios generales fijados para noviembre de 2025, este asunto toma una importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el desgaste del gobierno, mientras que el oficialismo intenta reducir la influencia del escándalo en su discurso público. En este contexto, la exigencia social de claridad y equidad sigue siendo un punto de presión constante.
Un caso que señala la situación de la institucionalidad en Honduras
A casi un año de su divulgación, el narcovideo permanece sin consecuencias jurídicas visibles, mientras se acumulan cuestionamientos al rol de la Fiscalía y al compromiso del gobierno con la transparencia. La prolongada falta de acción contribuye a deteriorar aún más la legitimidad de las instituciones, en un país marcado por el historial de impunidad y la persistente influencia del crimen organizado en la política.
La gestión de esta situación implica, no solo un desafío inminente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también un examen crucial para la fortaleza del Estado de derecho en Honduras. La forma de abordarla o ignorarla determinará el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral extremadamente polarizado.
