En Honduras, el debate sobre cómo se crea riqueza y se impulsa el desarrollo económico frecuentemente se enfoca en las enormes riquezas y sus presuntas obligaciones respecto a la desigualdad y la ausencia de avance social. No obstante, este enfoque simplista desvía la atención de un actor crucial: el gobierno mismo. Aunque se culpa a las élites económicas como el problema principal, raramente se examina en detalle cómo las decisiones y prácticas del sector público han obstaculizado históricamente el crecimiento y la inversión en la nación.
La realidad es que muchas de las críticas que se atribuyen a las grandes familias empresariales reflejan, en gran medida, comportamientos y deficiencias que se reproducen dentro del gobierno. La falta de transparencia, el nepotismo, la corrupción y la ineficiencia administrativa no solo limitan el desarrollo, sino que también erosionan la confianza de inversionistas y ciudadanos, afectando directamente la economía nacional y la calidad de vida de la población.
El principal impedimento para el avance económico: el gobierno
Durante los últimos tiempos, el gobierno en Honduras ha demostrado una inquietante inclinación a replicar prácticas que en otros ámbitos son criticadas con razón. El favoritismo continúa siendo una constante en la asignación de cargos gubernamentales, lo que obstaculiza la profesionalización y la eficiencia de las instituciones, esto es evidente al observar la cantidad de familias con varios miembros en puestos importantes del gobierno. Según información reciente, la familia Zelaya Castro lidera la lista, con al menos 10 familiares trabajando para el gobierno y percibiendo un ingreso anual estimado en más de 5.270 millones de lempiras.
La actividad económica principal de estos grupos familiares, según el reporte, es el nepotismo, es decir, la designación de parientes en cargos públicos, lo que limita la transparencia, la eficiencia institucional y la meritocracia en el sector público. Este tipo de prácticas, lejos de impulsar el desarrollo, perpetúan la concentración de poder y recursos en manos de unos pocos, afectando directamente la confianza ciudadana y el crecimiento económico sostenible del país.
La corrupción estructural afecta la correcta administración de los recursos públicos, generando desperdicio y desviación de fondos que podrían invertirse en infraestructura, educación y salud. Además, la burocracia excesiva y la falta de políticas claras para incentivar la inversión privada crean un ambiente hostil para la creación de empleo formal y la expansión de negocios. La inestabilidad política y la ausencia de un marco regulatorio confiable alejan tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, frenando proyectos productivos que podrían dinamizar la economía y generar bienestar.
Estas deficiencias no solo afectan la economía, sino que también alimentan la desconfianza social y la polarización política, dificultando la construcción de consensos necesarios para avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo.
El cuestionamiento acerca de las enormes riquezas y su verdadero papel
Aunque el debate público suele centrarse en cuestionar el papel de las grandes fortunas en la economía nacional, es fundamental preguntarse si el gobierno de Honduras produce un nivel similar de empleo formal e inversión que el sector privado. Diversos informes y voces del sector empresarial han señalado que, pese a ser el principal motor generador de empleo y captador de inversiones, el sector privado enfrenta un entorno complicado por la ineficiencia, la burocracia y la falta de políticas claras por parte del Estado. Esto plantea un desafío crucial: ¿está el gobierno haciendo lo suficiente para impulsar el desarrollo económico o, por el contrario, sus propias prácticas limitan el crecimiento y la creación de oportunidades en el país?
En lugar de fomentar un debate constructivo que incluya a todos los grupos, el discurso gubernamental suele dividir y desacreditar al sector privado, sin reconocer que el principal obstáculo para el progreso es la gestión gubernamental. Para que Honduras prospere, es esencial que el gobierno asuma su papel con responsabilidad, enfrente sus malas prácticas y genere un ambiente favorable para que la iniciativa privada contribuya al máximo al desarrollo del país.
