La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, ha sido nuevamente aplazada tras la renovación, por quinta vez, del memorando de entendimiento con Naciones Unidas. El anuncio, realizado esta semana, coincide con la falta de avances en el Congreso Nacional para aprobar reformas constitucionales esenciales para el funcionamiento del mecanismo anticorrupción.
El estancamiento ha generado nuevamente críticas desde diversos segmentos de la sociedad civil y de la comunidad internacional, quienes ven la tardanza como una muestra de la falta de compromiso del gobierno en la batalla contra la impunidad. La ausencia de acuerdos legislativos, especialmente sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, obstaculiza la implementación efectiva de la CICIH, a pesar de que se entregó un segundo borrador formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas sociales e institucionales
El Poder Ejecutivo ha manifestado reiteradamente su voluntad de crear la comisión, mencionando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, la realización de esta iniciativa requiere de modificaciones legales y constitucionales que necesitan ser ratificadas por el Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
Ante la reciente extensión, grupos influyentes han manifestado su descontento con la gestión del proceso. Una legisladora del Partido Nacional describió la extensión como “un golpe a la población que confiaba en la expectativa de equidad”, mostrando el desagrado dentro de la oposición política. Mientras tanto, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han llamado a superar el estancamiento institucional que frena el progreso del proyecto.
Dificultades políticas y agotamiento de la población
La implementación de la CICIH se topa con varios desafíos en el ámbito político. Se encuentran, entre estos, las modificaciones estructurales que implicarían la eliminación de protecciones legales que son vistas por ciertos grupos sociales como un impedimento para luchar eficazmente contra la corrupción. Diversos sectores han señalado la ausencia de disposición política en el Congreso como una de las razones primordiales del bloqueo.
Han pasado más de dos años desde que Castro asumió el cargo, y las entidades de la sociedad civil junto con las redes ciudadanas critican la brecha entre las promesas iniciales y las acciones realizadas. Estos grupos enfatizan que la constante demora en tomar decisiones cruciales ha minado la confianza en la gestión y en las instituciones en general.
Invitaciones a actuar y presión global
El renovado memorando de entendimiento no incluye una fecha clara para la instalación de la CICIH, lo que, según observadores internacionales, podría poner en riesgo la credibilidad del país en materia de cooperación internacional. La percepción de inmovilidad ha generado escepticismo en actores externos, lo cual podría traducirse en efectos negativos para el respaldo económico y técnico que Honduras recibe para fortalecer su institucionalidad democrática.
Frente a esta situación, diferentes opiniones han resaltado la urgencia de agilizar el proceso mediante la rápida aprobación de las reformas requeridas, lo cual posibilitaría sellar un acuerdo definitivo con la ONU. Aseguran que estas medidas no solo activarían un mecanismo para combatir la corrupción, sino que también demostrarían un compromiso con la transparencia y la responsabilidad.
Escenario institucional indefinido
El aplazamiento del procedimiento para establecer la CICIH refleja las complejidades estructurales que enfrenta Honduras para desarrollar un sistema autónomo y efectivo. La constante presencia de barreras jurídicas, junto con la ausencia de acuerdos políticos, mantiene en pausa una de las principales iniciativas para combatir la impunidad en el país.
El caso destaca las tensiones entre los acuerdos internacionales que ha tomado el Ejecutivo y las dinámicas internas del Legislativo, así como el reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales tangibles. Entre tanto, el país sigue sin contar con un mecanismo internacional de apoyo para investigar casos de alto impacto, lo que levanta preguntas sobre la sostenibilidad de los esfuerzos institucionales para enfrentar la corrupción a corto y mediano plazo.
