En Honduras, el estado de excepción ha generado mucha polémica en los meses recientes. La legisladora Maribel Espinoza, quien pertenece a la oposición, ha manifestado su preocupación por la dirección que ha adoptado la ejecución de esta norma, que en un inicio se planteó para luchar contra el crimen. Según sus palabras, el régimen se está usando de tal manera que cuestiona las garantías constitucionales y podría actuar como herramienta de persecución contra grupos críticos del gobierno.
Espinoza señaló que algunas medidas realizadas bajo la protección del estado de excepción violan derechos de las personas. Como ejemplo, mencionó la entrada sin orden judicial a la casa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, un acontecimiento que, según indicó, demuestra el uso arbitrario del poder y la ausencia de controles por parte de las instituciones. Para la legisladora, este tipo de actividades podría volverse una preocupación por la aceptación de prácticas autoritarias si no se establecen límites claros al decreto en efecto.
Observaciones al Ministerio Público y amenazas legales
La legisladora criticó igualmente el comportamiento del Ministerio Público, argumentando que no está asegurando neutralidad ni el respeto al debido proceso en la implementación de las medidas especiales. Según su opinión, esto crea un entorno de inseguridad jurídica que perjudica no solo a personajes públicos, sino a cualquier ciudadano que se enfrente a decisiones caprichosas.
Ante este panorama, Espinoza instó al Congreso Nacional a revisar con detenimiento la pertinencia de mantener el estado de excepción, aplicando como único criterio las funciones para las que fueron electos por el voto y no sus afiliaciones políticas. Advirtió que la prórroga de esta medida podría obedecer a intereses políticos que buscan reforzar el control gubernamental mediante la limitación de libertades civiles. Además, remarcó que la seguridad ciudadana no debe ser excusa para debilitar el Estado de derecho ni para coartar la participación democrática.
Reacciones en el Congreso Nacional y debate sobre la continuidad
Las observaciones de Espinoza se unen a las opiniones de distintos grupos que piden más claridad en la implementación de esta política. A pesar de que se ideó como una solución frente a la violencia, hay una percepción creciente de que se emplea para acallar las voces críticas. La discusión sobre su permanencia continúa en el Congreso y entre los ciudadanos, quienes solicitan un balance entre la seguridad y el respeto por los derechos básicos.
