Diversos sectores de la sociedad hondureña y organismos internacionales expresan alarma ante el control institucional que ejerce el oficialismo en medio de una coyuntura política marcada por tensiones sobre la gobernabilidad y la democracia.
Fortalecimiento del control en entidades principales del Estado
Desde el inicio del actual gobierno encabezado por la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha fortalecido su presencia en los principales órganos del Estado. La influencia del oficialismo se ha extendido al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
Según acusaciones de la oposición, algunos de estos nombramientos han sido efectuados sin cumplir con los procesos legislativos estipulados y mediante pactos políticos sin claridad. La diputada Maribel Espinoza, quien forma parte de la bancada contraria, indicó que el objetivo del partido en el poder trasciende el mero hecho de administrar el gobierno, sugiriendo que pretende «dominar todo», abarcando entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
La acumulación de poder institucional plantea interrogantes sobre el equilibrio entre poderes del Estado y la vigencia de mecanismos democráticos de control político.
Avisos sobre amenazas a la democracia y reclamos de hostigamiento
Especialistas y organizaciones de análisis han alertado que la centralización del poder podría provocar un debilitamiento de la democracia en su estructura. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha indicado que esta tendencia afecta la autonomía de las ramas del gobierno y puede promover un sistema gubernamental con características autoritarias.
Los paralelismos con otros contextos latinoamericanos han sido recurrentes en el debate público. Algunos analistas comparan la situación hondureña con los procesos vividos en países como Nicaragua y Venezuela, donde la captura de instituciones por parte del oficialismo ha derivado en restricciones a la participación política y en la reducción de espacios para la oposición.
En este contexto, crece la inquietud sobre la forma en que se aborda a sectores autónomos, especialmente a los medios de comunicación y empresarios. Informes recientes indican un incremento de la presión sobre periodistas críticos, como el caso del periodista Rodrigo Wong Arévalo, y campañas gubernamentales que critican abiertamente a ciertos grupos de empresarios, identificados como “las 10 familias”.
Diversas instituciones a nivel nacional e internacional han alertado que estas medidas podrían constituir un esfuerzo para desmotivar la crítica y restringir la diversidad de opiniones en la discusión pública.
Peticiones para supervisión global y alertas de organizaciones civiles
Ante tal escenario, diversas entidades han hecho llamados a la comunidad internacional, especialmente a cuerpos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para que continúen vigilando de manera activa la situación política en Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó en un aviso que los ciudadanos deben estar alerta ante los peligros que implica la centralización del control político. En la misma declaración, la organización afirmó que cuando «el poder se acumula en una única mano, la libertad corre riesgo», e instó a asegurar un proceso electoral libre y claro para los comicios programados en noviembre de 2025.
Este llamado se produce en un entorno de creciente desconfianza hacia las instituciones y una creciente demanda de garantías democráticas, donde se debate el papel de los actores internacionales como defensores del respeto a los principios constitucionales y los derechos políticos de los ciudadanos.
Una coyuntura marcada por desafíos a la institucionalidad
La coyuntura presente revela tensiones estructurales en el sistema democrático de Honduras, especialmente en lo referente a la división de poderes, la transparencia y la igualdad en el acceso a los ámbitos de participación política. El fortalecimiento del dominio institucional por parte del partido en el poder ocurre en un marco donde los mecanismos de control tienen restricciones para funcionar de manera independiente.
En este contexto, los meses venideros serán cruciales para medir la habilidad de las instituciones hondureñas de preservar su independencia, además del grado de receptividad del sistema político hacia la crítica y la participación diversa en un proceso electoral que ya empieza a delinearse como fundamental para el porvenir político del país.
