El controvertido mandato de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público de Perú terminó tras una serie de denuncias que llevaron a su destitución en mayo de 2024. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó la decisión unánime de remover a Benavides de su posición como fiscal de la nación, acusándola de «actuar con dolo» y de interferir en una investigación penal contra su hermana, la jueza superior Enma Benavides. Este escándalo no solo cuestiona su administración, sino también evidencia los profundos problemas de corrupción que han afectado al sistema judicial peruano.
La polémica tras el caso
Patricia Benavides asumió el cargo de fiscal general en julio de 2022, con un período que debía prolongarse hasta 2025. No obstante, su administración estuvo rodeada de continuas controversias, destacando principalmente su presunta implicación en el proceso contra su hermana Enma Benavides. La jueza estaba siendo investigada por presuntos lazos con una organización criminal relacionada con el narcotráfico, además de acusaciones de recibir sobornos para liberar a traficantes de drogas.
El conflicto se inició cuando la fiscal Bersabeth Revilla, encargada de dirigir la investigación contra Enma Benavides, fue destituida de su puesto poco después de que Patricia Benavides comenzara su gestión como fiscal general. La destitución, justificada mediante un informe de «baja productividad» elaborado por la fiscal suprema Azucena Solari, generó sospechas acerca de las verdaderas intenciones de Benavides. La JNJ determinó que la remoción de Revilla se llevó a cabo con el fin de obstaculizar la investigación contra su hermana, procurando que el caso fuera anulado.
Las imputaciones de la Junta Nacional de Justicia
En el transcurso del proceso disciplinario, la presidenta de la JNJ, María Zavala, sostuvo que Patricia Benavides había incurrido en faltas muy graves al emplear su cargo para interferir en el proceso penal. La Junta también acusó a Benavides de tratar a Revilla de manera degradante al removerla sin una justificación adecuada. Asimismo, se alegó que Benavides apoyó la designación de Miguel Vegas Vaccaro como fiscal adjunto supremo provisional, a pesar de sus sanciones disciplinarias previas y su implicación en una investigación por corrupción.
La resolución de la JNJ no solo abarcó la destitución de Patricia Benavides, sino también la de su hermana Enma Benavides como jueza superior. De acuerdo con el comunicado oficial, Enma había intervenido en la actividad fiscal para favorecer su statu en la investigación que la involucraba y había falseado públicamente sus antecedentes disciplinarios.
Repercusiones legales y nuevas indagaciones
Actualmente, Patricia Benavides se encuentra bajo una investigación adicional por supuestamente encabezar una red de influencias dentro del Ministerio Público. Esta reciente imputación podría resultar en una suspensión adicional de 36 meses mientras se llevan a cabo las investigaciones.
A pesar de la seriedad de las acusaciones, los abogados de Benavides declararon que interpondrán un recurso de reconsideración ante la JNJ. No obstante, expertos opinan que es improbable que la Junta cambie su decisión. En una entrevista con los medios, el abogado de Benavides, Juan Peña, admitió tener escasas esperanzas de éxito con este recurso, por lo que ya están planificando acudir al Poder Judicial para apelar por la vía constitucional.
Un impacto para el sistema de justicia de Perú
La destitución de Patricia Benavides constituye otro capítulo sombrío para el sistema judicial de Perú, que en tiempos recientes ha lidiado con una serie de escándalos de corrupción. La caída de la fiscal general se percibe como un reflejo de las profundas divisiones y tensiones políticas presentes en el país, incrementadas por la percepción de que las instituciones públicas están infiltradas por intereses personales y redes de influencia.
Por otro lado, para algunos, la decisión de la JNJ es vista como un paso esencial para recuperar la confianza en el sistema judicial. Sin embargo, este caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las instituciones peruanas y la necesidad imperiosa de reformas estructurales para enfrentar la corrupción y asegurar que aquellos en altos cargos actúen en favor de la justicia y no de intereses personales.
Mientras tanto, la decisión de la JNJ es considerada por algunos como un paso necesario para restaurar la confianza en el sistema judicial. No obstante, este caso ha dejado en evidencia la fragilidad de las instituciones peruanas y la necesidad urgente de reformas estructurales para combatir la corrupción y garantizar que quienes ocupan altos cargos actúen en interés de la justicia y no de agendas personales.
Patricia Benavides, cuya gestión fue breve pero controvertida, se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta Perú en su lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
