El asunto relacionado con Koriun Inversiones ha suscitado un gran debate en Honduras, tras la revelación de un esquema Ponzi que perjudicó a más de 35.000 personas. La declaración del congresista Edgardo «Chele» Castro ha centrado la discusión en torno a la posible cobertura política y judicial que facilitó la operación anormal de la compañía.
La actuación de las entidades reguladoras, la garantía de recursos y la respuesta por parte de los inversores han puesto de manifiesto una falta de confianza en la estructura financiera del país. La investigación sigue en curso, mientras se levantan preguntas sobre la responsabilidad de los oficiales gubernamentales y la eficiencia de los métodos de control.
Esquema Ponzi y funcionamiento irregular de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones operaba bajo un esquema Ponzi, modalidad que consiste en captar fondos de nuevos inversionistas para pagar utilidades a los antiguos, sin generar ganancias legítimas. La empresa prometía una rentabilidad semanal del 5 %, equivalente a un 20 % mensual, asegurando a los clientes la recuperación de su inversión en un periodo de cinco meses. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema dependía del ingreso constante de nuevos participantes, lo que finalmente llevó al colapso y a pérdidas económicas significativas para miles de personas.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) verificó que Koriun Inversiones no estaba autorizada para funcionar como entidad financiera. A lo largo de las inspecciones en varias sucursales y casas de administradores, se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo, guardadas de manera no oficial en cajas y bolsas. Además, se descubrieron importantes transacciones financieras, como el retiro de 400 mil dólares efectuado por ciudadanos de EE. UU. vinculados al comienzo del fraude en 2017.
Acusaciones sobre protección gubernamental y desconfianza en aumento
El legislador Edgardo Castro afirmó que la actividad de Koriun Inversiones se realizó con el respaldo de personalidades del ámbito político, fiscales y empleados públicos. Castro criticó la inacción oportuna de las entidades de control y demandó una investigación detallada para esclarecer la culpabilidad de aquellos que posibilitaron o consintieron el engaño. También se mencionó el rol de algunos alcaldes que promovieron la empresa y la omisión de fiscales frente a advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones generó manifestaciones de los perjudicados, quienes demandaron la restitución de sus dineros y expresaron miedo a una posible pérdida de su patrimonio. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y su reembolso a los inversionistas hasta donde sea posible, aunque se prevé que el proceso será complejo y extenso. El caso ha evidenciado la fragilidad de los ciudadanos frente a esquemas financieros sin regulación y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y protección en el ámbito financiero de Honduras.
