El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que gobierna desde 2022, se enfrenta a recientes acusaciones por promover cambios estructurales significativos sin llevar a cabo amplias consultas ni garantizar transparencia en el ámbito legislativo. Estas críticas emergen en un escenario de creciente tensión política e institucional, en el cual diversos sectores ponen en duda el enfoque del partido oficialista para impulsar su programa.
Dudas sobre las técnicas legislativas del partido oficialista
Varias voces dentro del entorno político, empresarial y de la sociedad civil han manifestado su inquietud por lo que perciben como una táctica de imposición legislativa por parte del gobierno. Bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y con personajes clave como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido acusado de emplear métodos que supuestamente evitan el adecuado proceso parlamentario.
Un tema discutido con frecuencia trata sobre la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley que tendría notables repercusiones fiscales. Según las críticas, esta medida ha sido impulsada sin la divulgación de informes técnicos oficiales ni un diálogo extenso con las partes involucradas. Además, se señala la eventualidad de que la ley sea sometida a votación en sesiones aceleradas, sin la confirmación oficial de las actas legislativas necesarias.
La opacidad en estos procedimientos ha sido considerada por expertos como un peligro para la democracia institucional. Un experto en derecho constitucional consultado indicó que la aplicación de métodos “dudosos, hasta ilegales” para implementar cambios estructurales sin apoyo político o técnico supone un peligro directo para el Estado de derecho.
Respuestas del ámbito privado y de los partidos de oposición
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado su preocupación ante estas prácticas, advirtiendo que podrían erosionar la confianza en el clima de inversión, tanto nacional como internacional. En un momento en que Honduras enfrenta desafíos económicos como el desempleo y el estancamiento del crecimiento, el empresariado considera que este tipo de decisiones legislativas podría agravar la incertidumbre económica.
Los legisladores de la oposición han señalado fallos en la implementación de leyes. Sostienen que normativas han sido publicadas en el diario oficial La Gaceta sin seguir los procesos oficiales, como la validación adecuada de las actas del parlamento. Esto, indican, afecta el principio de legalidad que debe guiar el funcionamiento del Congreso, poniendo en duda la validez de las modificaciones realizadas bajo esas circunstancias.
Las fricciones entre el gobierno y la oposición, junto a la separación de sectores cruciales como el empresarial y grupos civiles, muestran una intensificación de la división en la gestión del poder legislativo, donde las discusiones políticas han sido reemplazadas por dinámicas confrontativas.
Cruce institucional y papel de la ciudadanía
La situación presente genera preguntas sobre la robustez del sistema democrático en Honduras. La manera en que se manejan las reformas legislativas muestra tensiones continuas entre el impulso de cambios estructurales impulsados por el gobierno y la exigencia de legalidad, transparencia y participación solicitada por otros grupos políticos y sociales.
El impulso de la sociedad civil organizada, junto con la vigilancia continua de los medios y las entidades observadoras, se destacan como aspectos fundamentales para limitar las acciones legislativas que puedan amenazar el orden democrático. La falta de acuerdos en reformas de gran impacto no solo incrementa la desconfianza hacia las instituciones, sino que también compromete la estabilidad gubernamental en una nación caracterizada por una institucionalidad débil y la tradicional ausencia de unidad entre las ramas del gobierno.
En este escenario, Honduras afronta el desafío de fortalecer sistemas de discusión y supervisión legislativa que aseguren la legitimidad de sus procedimientos y la participación de los grupos sociales impactados por las políticas gubernamentales, especialmente cuando se refiere a cambios que afectan al modelo fiscal y económico del país.
