La reciente publicación de un narcovideo en Honduras ha aumentado las preocupaciones respecto al sistema judicial del país. Según un informe del centro de investigación InSight Crime, el caso no solo revela conexiones entre figuras del narcotráfico y personas influyentes, sino que también confirma un patrón inquietante: el uso de la justicia como instrumento político.
Modelos de inmunidad y persecución dirigida
InSight Crime describe un contexto en el que la ley se aplica de forma desigual. Mientras ciertos acusados son expuestos públicamente y sometidos a procesos judiciales rápidos, otros, con presuntos vínculos con el gobierno actual, permanecen fuera del alcance de la justicia o incluso reciben protección institucional. Este patrón, advierte el informe, no es nuevo en la región, pero en el caso de Honduras ha alcanzado niveles particularmente preocupantes en los últimos meses.
El informe también establece paralelismos con dinámicas autoritarias observadas en países como Venezuela y Nicaragua, donde el poder judicial ha sido cooptado por intereses políticos para asegurar impunidad a aliados y castigar a críticos. La situación hondureña, según el centro de análisis, sigue ese mismo camino, lo que amenaza directamente el Estado de derecho.
Comentarios críticos y solicitud de monitoreo internacional
Las respuestas al reporte no tardaron en manifestarse. Líderes políticos de la oposición, expertos en leyes y activistas de derechos humanos coinciden en afirmar que el uso político de la justicia amenaza la validez del sistema democrático. Esta inquietud es compartida por entidades internacionales, que han recibido peticiones para observar el empeoramiento institucional del país.
Una fuente diplomática mencionada por InSight Crime señaló que Honduras podría dirigirse hacia una seria crisis en la gestión del gobierno si no se restauran las garantías básicas de independencia judicial. La creciente falta de confianza del público, alimentada por la falta de transparencia y la impunidad, ha disminuido aún más la credibilidad de las instituciones.
En este escenario, varios sectores han solicitado de manera urgente que entidades multilaterales como la OEA y la ONU continúen vigilando el país. Reclaman medidas que aseguren un sistema judicial justo e independiente, libre de influencias políticas o intereses delictivos.
El escándalo del narcovideo no solo revela un caso específico de corrupción, sino que se ha transformado en un emblema de una justicia que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con sesgo político.
