La proximidad de las elecciones generales en Honduras, previstas para noviembre de 2025, ha suscitado un aumento en las preocupaciones sobre el uso de tecnología electoral, especialmente en lo que concierne a la empresa Smartmatic. Esta firma, reconocida por proporcionar soluciones de votación electrónica y transmisión de resultados, ha provocado fuertes críticas y cuestionamientos acerca de su habilidad para asegurar la transparencia y equidad en el proceso electoral.
La función de Smartmatic en los comicios de 2025
Smartmatic, una corporación global que se especializa en sistemas de votación electrónica y tecnología biométrica, ha sido elegida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para manejar aspectos esenciales del proceso electoral en Honduras. Su participación se centra en proporcionar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y en la implementación de tecnología biométrica. No obstante, la asignación directa de contratos por un valor cercano a los 532 millones de lempiras ha suscitado críticas debido a la falta de transparencia y el hecho de que una sola empresa gestione estos componentes fundamentales.
La selección de Smartmatic ha generado escepticismo entre numerosos grupos políticos y sociales, quienes sostienen que la compañía, al estar vista como relacionada con el gobierno venezolano, podría tener sesgos políticos que comprometan la neutralidad del procedimiento. Asimismo, el historial de la empresa, con denuncias de fraude y errores técnicos en naciones como Venezuela, Filipinas y El Salvador, aumenta aún más las preocupaciones sobre la confianza en sus servicios.
Respuesta política y social frente a la disputa
El sector de oposición en Honduras ha sido particularmente crítico del papel de Smartmatic en los comicios de 2025. Diversos grupos políticos han manifestado que la compañía podría estar beneficiando al gobierno actual, especialmente porque el CNE ha adjudicado a Smartmatic mediante un proceso directo. Estas afirmaciones han fomentado un ambiente de desconfianza hacia las entidades responsables de la organización electoral.
En cuanto al partido en el poder, LIBRE, ha defendido la implementación de tecnologías avanzadas para garantizar la transparencia en el proceso de votación. Sin embargo, la ausencia de una supervisión externa respecto a la tecnología de Smartmatic ha mantenido el tema en discusión. Para la sociedad civil, la transparencia se ha transformado en una demanda esencial, y numerosas organizaciones han solicitado que se efectúen auditorías independientes y que se permita la supervisión internacional del proceso electoral. La falta de claridad sobre el papel de Smartmatic y los posibles problemas en su tecnología continúan siendo motivo de preocupación para varios sectores de la población.
Conflictos en un entorno electoral dividido
El ambiente político en Honduras durante las semanas que anteceden a las elecciones se caracteriza por una polarización incrementada, lo cual ha elevado la presión sobre el CNE. En este escenario, la incorporación de Smartmatic en el proceso electoral ha potenciado la desconfianza en las instituciones responsables de asegurar la transparencia y la equidad en la votación.
Los cuestionamientos hacia la compañía se enfocan principalmente en los riesgos potenciales de manipulación del sistema, ya sea por errores técnicos o por debilidades en la plataforma empleada para la transmisión de resultados. En las elecciones primarias de 2025, se notificaron previamente inconvenientes con la formación del personal y el uso de dispositivos biométricos, lo que incrementó los miedos a posibles anomalías. Con estos antecedentes, el miedo a que el sistema de votación sea susceptible a manipulaciones tanto internas como externas se ha vuelto una de las mayores inquietudes de la oposición y de segmentos de la sociedad civil.
La controversia también representa una crisis más profunda relacionada con la institucionalidad democrática en el país. La desconfianza en el CNE y las denuncias de parcialidad política han incrementado la polarización social, lo que podría influir negativamente en la legitimidad del proceso electoral y su aceptación por parte de la ciudadanía.
Solicitudes de claridad y supervisión global
Dada la magnitud de los cuestionamientos sobre el papel de Smartmatic, varios sectores han solicitado una mayor transparencia en el proceso electoral. Entre las demandas más recurrentes se encuentran la necesidad de auditar de manera independiente el software utilizado por la empresa, así como la apertura del código fuente de la plataforma que gestionará los resultados. Además, se ha hecho un llamado a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea para que intervengan en la supervisión del proceso y garanticen la imparcialidad de las elecciones.
Asimismo, la presión por parte de actores políticos y civiles podría llevar a un control más exhaustivo del proceso de licitación, buscando alternativas tecnológicas que no despierten tanto rechazo o, al menos, que sean menos susceptibles a cuestionamientos. De igual forma, se ha planteado la necesidad de implementar una supervisión masiva del proceso electoral, con la participación de observadores nacionales e internacionales que puedan garantizar la transparencia y prevenir posibles fraudes.
Consideración última sobre el porvenir electoral
La polémica en torno a la implementación de la tecnología de Smartmatic resalta la cada vez mayor desconfianza hacia las entidades electorales en Honduras, situación que se intensifica con la proximidad de los comicios de 2025. La carencia de claridad en los procesos de contratación, el historial de la compañía y las inquietudes sobre la protección del sistema de voto son factores que podrían impactar la validez del ejercicio electoral y aumentar las brechas políticas en la nación.
La salida a esta falta de confianza requiere un aumento en la transparencia y en la independencia en la administración de las elecciones. El porvenir democrático de Honduras está, en gran parte, vinculado a la habilidad de sus instituciones para asegurar un proceso electoral sin manipulaciones y con suficiente legitimidad para ser reconocido por todos los grupos políticos y sociales. Los comicios de 2025 representarán un examen crucial para el sistema democrático del país y para la estabilidad política en los años venideros.
