En los últimos tiempos, el escenario político en Honduras ha estado influenciado por la activación ciudadana en apoyo a la diversidad democrática y la participación política inclusiva. En la capital, un variado grupo compuesto por integrantes de organizaciones civiles, estudiantes universitarios, dirigentes de comunidades y ciudadanos autónomos se reunió frente a la sede legislativa para llevar a cabo una vigilia tranquila. El propósito central de esta protesta fue demandar protección absoluta y consideración para los partidos políticos de menor tamaño en el marco del proceso electoral que finalizará con las elecciones generales programadas para noviembre de 2025. La vigilia, señalada por la utilización de velas y carteles, funcionó como una reacción simbólica frente a lo que los asistentes interpretan como un riesgo al sistema de múltiples partidos, en un contexto de acusaciones de presiones, bloqueos administrativos y marginalización en medios hacia los partidos nuevos.
La manifestación sirvió como un espacio para denunciar acciones que, según los protestantes, obstaculizan la participación equitativa en la discusión pública, imponen limitaciones inmerecidas para el registro de partidos y perpetúan discursos oficiales que desautorizan a los partidos no tradicionales. Asimismo, mencionaron el uso de recursos del estado en favor de partidos gubernamentales. Durante el evento, se presentó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), demandando condiciones justas, acceso transparente a medios de comunicación públicos y protección contra el acoso político hacia candidatos independientes o de minorías.
Marco del proceso electoral y quejas por exclusión
El evento electoral en Honduras para 2025 ocurre bajo una gran tensión y división. Los comicios primarios recientes, que tuvieron lugar el 9 de marzo, incluyeron a los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estas elecciones se caracterizaron por importantes retrasos en la distribución del material electoral, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo cual provocó malestar y acusaciones de irregularidades de parte de votantes y dirigentes políticos. El CNE admitió problemas logísticos, mientras que sectores de la oposición atribuyeron los eventos a una posible interferencia por parte de las Fuerzas Armadas y la ministra de Defensa, quien también es precandidata presidencial.
En este escenario, las agrupaciones emergentes han criticado los proyectos de ley que intentan adelantar la fecha tope para la entrega de planillas, lo cual consideran una medida que limita sus opciones de participación y refuerza la marginación política. Estas acciones se añaden a las quejas sobre el uso injusto de fondos públicos y la falta de acceso igualitario a los medios de comunicación del Estado. La preocupación de las organizaciones civiles y de los partidos minoritarios se enfoca en la importancia de mantener la diversidad política y prevenir que las prácticas limitantes se consoliden en vísperas de las elecciones generales de noviembre de 2025.
Respuestas de las instituciones y solicitudes de la población
La manifestación ante el Congreso Nacional evidenció el monitoreo constante de la sociedad civil respecto al proceso democrático. Los participantes entregaron formalmente sus exigencias a las autoridades electorales, pidiendo asegurar la equidad para todos los partidos registrados y garantizar la claridad en la distribución de espacios en los medios públicos. También solicitaron protección adecuada contra el acoso político, particularmente para candidatos independientes o de partidos minoritarios.
El ciclo parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, iniciado después de las elecciones de 2021, se ha caracterizado por divisiones y momentos de crisis interna, como el conflicto en la elección de la mesa directiva y el desmembramiento de grupos parlamentarios. Este entorno ha potenciado la percepción de que hay acciones que benefician a los partidos tradicionales, complicando la integración de nuevas fuerzas políticas. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de supervisar y proteger los espacios de libertad y participación política, destacando que la diversidad es fundamental para la democracia en Honduras.
