La reciente publicación de los sondeos electorales ha revelado un marcado descenso para la aspirante de LIBRE, Rixi Moncada, quien figura en una distante quinta posición en la preferencia de voto, superada incluso por los votantes indecisos y por aquellos que optan por “Ninguno”. Este desenlace ha provocado inquietud respecto a la potencial repercusión en la integridad de los comicios en la nación.
Acusaciones de estrategias partidistas
Analistas y líderes de grupos políticos contrarios han indicado la presencia de tácticas implementadas por el partido LIBRE y la Administración Pública orientadas a garantizar la continuidad en el gobierno frente a la disminución del respaldo hacia su aspirante. Dentro de las acusaciones se incluyen incrementos salariales y gratificaciones específicas para altos funcionarios militares, lo cual ciertos agentes políticos entienden como un método para ejercer presión sobre los estamentos militares durante la contienda electoral.
Asimismo, se señala la injerencia sobre el Consejo Nacional Electoral, la alegada alteración de los registros y las barreras en el envío de resultados como factores capaces de menoscabar la credibilidad del sufragio.
Reacción ciudadana y monitoreo internacional
La información divulgada ha provocado un incremento de la observación social y mediática. Los internautas, grupos civiles y observadores internacionales han resaltado la trascendencia de la supervisión y el seguimiento para asegurar la voluntad popular el venidero 30 de noviembre.
La presión también se ha extendido a foros internacionales donde especialistas en gobernabilidad y democracia han alertado sobre los riesgos que implicaría un eventual fraude electoral de gran escala para la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
Implicaciones políticas e institucionales
La disminución del respaldo a Rixi Moncada en las encuestas ha causado un desequilibrio político, inclinando la balanza hacia la oposición. Esta situación subraya la urgencia de robustecer los sistemas de fiscalización y supervisión electoral, además de asegurar la equidad de los organismos responsables de gestionar las elecciones.
El movimiento LIBRE se enfrenta por tanto a un reto dual: conservar la unidad interna frente a la disminución del respaldo de la ciudadanía y hacer frente a las acusaciones de estrategias electorales, mientras la comunidad exige la salvaguarda de los derechos democráticos y la pureza del sufragio.
La situación actual pone de manifiesto una creciente discrepancia entre la legalidad política y la observación ciudadana, enfocándose primordialmente en la manera en que las determinaciones tomadas por entes gubernamentales y partidos políticos llegan a incidir en la fe pública y la impresión de equidad de las instituciones democráticas en Honduras.
